La causa por asociación ilícita que investiga al diputado Carlos Cisneros ha expuesto, más allá de las acusaciones sobre fabricación de pruebas, un patrón recurrente de presión y control sobre mujeres jóvenes vinculadas laboralmente a su estructura de poder. La investigación judicial revela cómo la denunciante en el caso Vélez, identificada como L.P., y su círculo íntimo, habrían actuado bajo la influencia directa del sindicalista y sus abogados, quedando expuestas y desprotegidas cuando el plan se fracturó.
Más allá de la presunta asociación ilícita, la conducta descrita en la causa podría configurar una forma de violencia económica y patrimonial contra las jóvenes involucradas. Según la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, este tipo de abuso incluye el control de los ingresos, el impedimento al acceso al trabajo y la manipulación de la situación económica de la víctima para ejercer dominio. En este caso, el patrón se manifiesta en la dependencia laboral dentro de la órbita de Cisneros —empleadas de la Caja Popular de Ahorros o de entidades vinculadas—, en la retribución condicionada a una testigo con un puesto en el Banco Macro el mismo día que declaró, y en la dinámica de obediencia a órdenes sin posibilidad de cuestionamiento, evidenciada en los mensajes. Este control sobre la subsistencia económica y la proyección laboral actuaría como un mecanismo de coacción que limita severamente su autonomía y libertad de decisión.
El elemento más contundente es la propia confesión de L.P., plasmada en un mensaje de WhatsApp del 7 de noviembre de 2025 a sus amigas R.S.M. y A.I.G.: «Fui prisionera de cosas que no compartía ni comparto, haciendo la vista ciega porque no me queda opción pero sobre todo sin poder de decisión y teniendo que cumplir órdenes sin preguntar ni chistar». Este desgarrador mensaje, que concluye con un «me quitaron todo», es la piedra angular que sustenta la acusación de que operaba bajo coacción.
El mecanismo de control: órdenes, regalos y amenazas veladas
Las declaraciones judiciales de sus amigas, rendidas ante la fiscal de Integridad Sexual Mariana Rivadeneira el 28 de noviembre, detallan el mecanismo de sometimiento. Afirmaron que los abogados de L.P., Patricia Neme y Franco Venditti, «respondían a órdenes directas de Cisneros» y que era el diputado quien «tomaba las decisiones». Una de ellas reveló que Cisneros le compró un iPhone nuevo a la denunciante, con el objetivo claro de destruir su teléfono anterior donde guardaba un audio risueño sobre la noche con los jugadores que contradecía la versión de la denuncia.
La presión también se ejerció sobre el círculo de amistades. Las pericias con tecnología UFED recuperaron un mensaje de la abogada Patricia Neme dirigido a una de las testigos, R.M., el 16 de abril de 2024, instándola a declarar con una instrucción precisa: «Y que no te acuerdas de nada». Este mensaje, posteriormente borrado pero recuperado por los peritos, evidencia la coordinación para uniformar testimonios. Además, una de las amigas declaró que se planeó que «un empleado de Cisneros iba a hacerse pasar por choro» para simular el robo del celular de L.P. y así evitar que la Justicia lo periciara.
La red de dependencia laboral y el silencio forzado
El control no era solo psicológico o judicial, sino también económico. Otra testigo, M.C., fue dada de alta como empleada del Banco Macro el mismo día que declaró por primera vez en la causa, en una clara maniobra de retribución que el juez Bernardo Lerario Babot consideró parte de la trama. Esta red de dependencia —donde la denunciante y sus abogados eran empleados de la Caja Popular de Ahorros o de estructuras ligadas a Cisneros— creaba un cerco de silencio. Una de las amigas declaró que en un audio se escuchaba decir a los abogados que «ahora nadie puede pensar diferente o hacer algo en contra de L.P. porque le van a cagar la carrera».
La pregunta que la Justicia debe responder
Mientras Carlos Cisneros se presenta en redes sociales como un defensor de las mujeres y victimiza a L.P., atribuyendo su angustia a la prensa y a la fiscalía, las pruebas apuntan en otra dirección. Los mensajes y testimonios judiciales pintan un cuadro de manipulación donde jóvenes empleadas de su estructura fueron utilizadas como instrumentos en una presunta trama de asociación ilícita y, una vez cumplido su rol, quedaron expuestas al escarnio público y al colapso emocional.
La investigación por asociación ilícita y trata con fines de explotación sexual ahora debe dirimir, más allá de la suerte de los futbolistas, una pregunta crucial: ¿quién protegió realmente a estas jóvenes? ¿Fueron víctimas utilizadas por el mismo poder que hoy, frente a las cámaras, dice defenderlas? El desenlace de la causa S-077592/2025 no solo definirá responsabilidades penales, sino que pondrá al descubierto los límites del control que un poder fáctico puede ejercer sobre la vida de sus dependientes.