En medio de crecientes denuncias por abusos policiales en barrios populares de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo reaccionó con desdén a las advertencias internacionales sobre los procedimientos conocidos como “trencitos”, relativizando las críticas incluso cuando organismos de derechos humanos alertan sobre violaciones graves a las garantías fundamentales de los sectores más vulnerables. Así lo hizo al defender públicamente estos operativos y anunciar que serán profundizados.
Los llamados “trencitos”, presentados oficialmente como megaoperativos de prevención del delito, consisten en el despliegue masivo de efectivos policiales que recorren barrios de bajos recursos realizando controles, requisas y detenciones sin orden judicial ni criterios claros. Estas prácticas, que se repiten en zonas como Villa Alem, Tafí Viejo o la periferia capitalina, afectan casi exclusivamente a jóvenes y trabajadores informales, consolidando una política de seguridad que recae siempre sobre los mismos sectores.
La preocupación por estos procedimientos trascendió el ámbito provincial cuando el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas analizó el caso de Tucumán, luego de recibir denuncias formales del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en una cobertura que dio cuenta del alcance internacional del conflicto.
Advertencias internacionales y violencia institucional
Durante el análisis del caso en Ginebra, el organismo de la ONU puso el foco en detenciones arbitrarias, hostigamiento sistemático y posibles malos tratos, prácticas que podrían encuadrar como violaciones a la Convención contra la Tortura. El Comité expresó especial preocupación por la concentración de estos operativos en barrios humildes y por la falta de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.
Lejos de asumir la gravedad de estas observaciones, Jaldo ironizó sobre el término “trencitos” y desestimó las denuncias, afirmando que no permitirá que se “desprestigie” una política que, según su visión, busca cuidar a los tucumanos. En la misma línea, ratificó que los operativos continuarán, una postura que refuerza la percepción de impunidad institucional frente a acusaciones cada vez más documentadas.
Testimonios desde los barrios
La dimensión más cruda de esta política se refleja en los relatos de las propias víctimas. En mayo de 2025, el medio El Federalista publicó un informe audiovisual con testimonios de vecinos y jóvenes que denunciaron detenciones sin causa, requisas arbitrarias y traslados forzados a comisarías, en un contexto de total indefensión.
Según esos testimonios, muchas personas fueron interceptadas cuando regresaban de trabajar o realizaban tareas cotidianas, permanecieron horas privadas de su libertad y luego fueron liberadas sin cargos. En varios casos, los efectivos exigieron la firma de actas contravencionales para justificar la detención, una práctica que expone el carácter arbitrario de los procedimientos y la ausencia de controles reales.
Algunos de los entrevistados relataron que los policías justificaban su accionar asegurando que se trataba de “órdenes del gobernador”, una afirmación que refuerza la idea de que estos abusos no son excesos aislados, sino parte de una política de seguridad tolerada —cuando no impulsada— desde el poder político provincial.
La pobreza como blanco
En una provincia atravesada por la desigualdad y la informalidad laboral, los “trencitos” se consolidan como un mecanismo de control social que criminaliza la pobreza, dejando a miles de personas expuestas a la violencia institucional sin acceso efectivo a la justicia. La persistencia de estos operativos, pese a las advertencias de organismos internacionales, expone una alarmante falta de voluntad política para proteger los derechos humanos.
La respuesta oficial, basada en la negación y la minimización, profundiza la desprotección de los sectores más vulnerables, que hoy no solo enfrentan la inseguridad cotidiana, sino también el riesgo de ser víctimas de abusos por parte de quienes deberían garantizar su integridad y sus derechos.
