Tras la rotunda exhortación del gobernador Osvaldo Jaldo a «respetar las decisiones» de la Justicia en el conflicto entre el diputado Carlos Cisneros y el titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo «Pirincho» Jiménez, el bancario no logró apoyo de oficialistas por lo que apeló a sus viejos socios radicales, José Cano y Silvia Elías de Pérez.
La dirigente radical acusó a Jaldo de mantener «un doble discurso» en su relación con la Justicia, luego de que el mandatario defendiera la medida cautelar que prohíbe al medio CCC difundir contenidos críticos sobre fiscales y jueces provinciales. «Jaldo hace del doble discurso su identidad política. Escuchar al gobernador Jaldo hablar de respeto a la justicia, cuando esta toma decisiones, resulta, cuanto menos, hipócrita», sostuvo la parlamentaria opositora, recordando el acampe que Jaldo encabezó en 2015 frente a Tribunales cuando la Cámara anuló las elecciones provinciales.
Estas críticas se suman a las que días atrás lanzó Cano, quien presentó una solicitud de auditoría al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, sobre las actuaciones en la causa por abuso sexual contra ex jugadores de Vélez. Este pedido coincide sospechosamente con la estrategia jurídica de Cisneros, actualmente señalado en una contundente contradenuncia de 61 páginas como presunto cabecilla de una «organización criminal» para manipular testigos y fabricar la acusación contra los futbolistas.
El apoyo de los radicales a Cisneros se produce en un contexto de creciente aislamiento político del diputado bancario, quien enfrenta múltiples frentes judiciales. Recientemente, el Tribunal de Cuentas abrió un Juicio de Responsabilidad contra el cuñado de Cisneros, el legislador Hugo Ledesma, por un presunto desvío de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social por $26,8 millones a la Caja Popular de Ahorros durante 2023. Además, el juez Bernardo Daniel Lerario Babot lo señaló como «el de arriba» que comandaba una presunta asociación ilícita, luego de allanamientos que revelaron una red de operadores que incluía a abogados, testigos e incluso al periodista Santiago Sheriff.
La medida judicial que generó la reacción de Elías de Pérez fue dictada por el juez subrogante Lucas Alfredo Taboada, a pedido del fiscal Daniel Esteban Sosa Piñero y del ministro fiscal Jiménez, e impone una restricción de seis meses al periodista Gustavo Olarte, titular de Compañía de Circuitos Cerrados S.A. El fallo ordena «cesar de manera inmediata la difusión de cualquier contenido que injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación de fiscales y jueces provinciales».
Frente a esta medida, Jaldo había optado por una postura de prudencia institucional, destacando que «son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones que toman los poderes». Pero para Elías de Pérez, esta defensa «no resiste el archivo»: «Parece que para el gobernador, las decisiones judiciales solo deben respetarse cuando le resultan convenientes. En aquel momento, ante un fallo adverso, montó una protesta frente al Poder Judicial. Hoy, cuando la justicia toma decisiones que benefician al oficialismo o restringen la libertad de prensa, se erige en defensor del respeto institucional».
La radical apuntó directamente contra Jiménez, afirmando que «la realidad es que Jaldo no defiende la independencia judicial, sino que protege y apoya a uno de los líderes y socio del oficialismo hace décadas: Pirincho Jiménez. El hombre que les garantiza la impunidad».
Mientras Cisneros se ve acorralado por las investigaciones judiciales que comprometen a su entorno familiar y político, el apoyo de los radicales Cano y Elías de Pérez marca un realineamiento en la política tucumana, donde el diputado bancario busca nuevos socios para enfrentar lo que parece ser la batalla definitiva por su supervivencia política, en una pulseada que tiene al fiscal Jiménez como principal adversario y al gobernador Jaldo respaldando firmemente la institucionalidad judicial.