Un entramado de estafas se estaba desatando en Tucumán: su investigación le llevó 12 años a la Justicia Federal que finalmente logró desentramarlo.
En el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) de Tucumán hay una red de profesionales médicos y empleados que estafó al Estado Nacional con la emisión de recetas que les provee el PAMI y de recetas de otros médicos de cabecera, autorizadas con la colaboración del personal de la Unidad de Gestión Local de Tucumán, y en particular por la “Agencia Banda del Río Salí”.
Es decir, no se cumplía el correspondiente circuito administrativo y se las presentaba en farmacias, se adquirían los fármacos y luego se los distribuía y vendía a través de distintos sistemas: entre ellos una sociedad denominada “Sistema Integral de Servicios” (S.I.S.), requiriendo como requisito a los afiliados su necesaria asociación a un costo de cinco pesos ($5) por mes a valores del año 2008.
Este mecanismo se llevó adelante en distintas localidades ubicadas a lo largo y ancho del país pero la Unidad fiscal a cargo de Arzubi Calvo determinó que el 47,74 por ciento de esos consumos se llevaron adelante en las provincias de Córdoba, Santa Fe y el conurbano bonaerense.
La dispensa de estos medicamentos e insumos se produjeron en 758 farmacias ubicadas en Buenos Aires, ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Chubut, San Juan, Tucumán, Catamarca, Misiones, Entre Ríos, La Rioja, Corrientes, Formosa, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, San Luís, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Rio Negro y Santa Cruz.