Una guerra sin cuartel se ha desatado dentro de la Justicia de Tucumán, que ya no sabe de aliados, enemigos, compañeros de partido político pero tampoco de escrúpulos. No fue, sin embargo, por las escandalosas sospechas que cayeron sobre una de sus máximas figuras como es el vocal de la corte, Daniel Leiva, sino por el brutal crimen de la profesora de inglés salteña, Paola Tacacho.
El nombre del juez Juan Francisco Pisa es mala palabra pero no por ser autor uno de los mayores pastiches jurídicos, al beneficiar a Leiva con la posibilidad de una investigación semi secreta, y con la exclusión de los audios que lo incriminaban como posibles pruebas para llegar a “la verdad de los hechos”, y así disponer eventuales sanciones.
La indignación social contra Pisa fue a causa de la revelación de que este magistrado había sobreseído al femicida de Paola, Mauricio Parada Parejas, en un fallo que facilitó el acercamiento del asesino a su víctima. El magistrado presentó su renuncia y ahora espera que el gobernador Juan Manzur se la acepte, para poder así gozar de una grosa jubilación del 82 por ciento móvil.
La repercusión de la actuación de Pisa generó que la Presidenta de la Corte de la Provincia, Claudia Sbdar, exigiera informes a todas las dependencias a las que la víctima había acudido en busca de la protección que le hubiera permitido seguir con vida, y sin embargo se la negaron. En sus informes, los entes que dependen de la Corte coincidieron en que las fallas se produjeron en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
La semana pasada Sbdar, Antonio Daniel Estofán y Daniel Leiva requirieron al jefe subrogante de los fiscales Alejandro Noguera (reemplaza a Edmundo Jiménez) “que, por intermedio de quien corresponda, se sirva informar y, en su caso, remitir copias” de las actuaciones en la causa.
Pero en lugar de informes, desde el Ministerio Pupilar de la Defensa, criticaron a Sbdar. “La Presidenta en reiteradas oportunidades ha manifestado vocación al dialogo, pero solo fueron palabras vacías y estériles que no condicen con su comportamiento omisivo que se ve reflejado en la falta de respuestas”. El cuestionamiento fue formulado por el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro que depende del Ministerio Fiscal.
Navarro planteó la situación en una presentación ante el fiscal de Cámara Alejandro Noguera, en su calidad de ministro Público Fiscal subrogante (el titular, Edmundo Jiménez, se encuentra de licencia por ser personal de riesgo de la pandemia de covid-19). El denunciante no ahorró críticas y advirtió que la falta de Sbdar a sus pedidos, “podría llegar a encuadrar en figuras penales, tales como malversación de fondos públicos o peculado”.
En el escrito, pidió a Noguera que arbitre los medios para “hacer efectiva la aplicación de las disposiciones del artículo 94, inciso 4, de la Ley Orgánica de Tribunales, en el ámbito de la Presidencia de la Corte; procediendo a inspeccionar los tramites dados a las numerosas presentaciones realizadas (…), sin que la Presidenta remita respuestas a las solicitudes, y que en algunos casos podría llegar a encuadrar en figuras penales, tales como malversación de fondos públicos o peculado”.
La Ley 6.238 establece que le corresponde al ministro fiscal “vigilar la recta y pronta administración de justicia, denunciando los abusos y malas prácticas que notare en los tribunales o sus funcionarios. A ese fin deberá inspeccionar las veces que estime necesario, pero por lo menos una vez al año”.
Al día siguiente, Sbdar desmintió todo pero la guerra ya estaba declarada públicamente. Ante los ojos de una sociedad empobrecida, desamparada, ahora las máximas autoridades se debaten en un duelo burocrático que poco ayuda a la necesidad de una Justicia fuerte. Esta semana se vivirá un nuevo capítulo de esta lucha que hasta ahora lo único que ha provocado es una erosión moral inédita en una institución que sólo mira para adentro, cuyos integrantes sólo se preocupan por retener los privilegios.