Acorralado por la Justicia de Tucumán, Cisneros apela a los medios nacionales

La contradenuncia presentada por un exjugador de Vélez Sarsfield, José Florentín, quien se declara víctima de una presunta «asociación ilícita» liderada por el diputado Carlos Cisneros, ha desatado una serie de reacciones mediáticas inusuales. Según el deportista, esta asociación habría sido creada para incriminarle a él y a sus compañeros por una supuesta violación grupal a una periodista tucumana.

En respuesta, una serie de publicaciones, principalmente de medios del poderoso Grupo Clarín, han salido al paso para respaldar la postura del legislador tucumano. Lo llamativo es que muchas de estas notas parecen intentar desmentir la acusación contra Cisneros antes incluso de haber informado sobre la existencia de la propia causa judicial.

Uno de los casos más destacados fue el de TyC Sports, que afirmó que la joven, presunta víctima de la agresión, habría intentado quitarse la vida. Sin embargo, esta versión no ha podido ser verificada por ningún medio local de Tucumán, incluidos aquellos financiados por el polémico sindicalista que dirige la Caja Popular de Ahorros.

En la misma línea, Radio Mitre —también propiedad del Grupo Clarín— publicó el desmentido formal de Cisneros, a pesar de no haber cubierto previamente la noticia sobre la contradenuncia. Asimismo, el periodista Eduardo Feinmann entrevistó a la abogada Patricia Neme, quien ha sido señalada en la causa como cómplice y partícipe necesaria en la mencionada asociación ilícita.

Los hechos no terminan ahí. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado repudiando el allanamiento ordenado por la Justicia tucumana a las oficinas y estudios del multimedios Enterate. La entidad advirtió que esta medida podría afectar garantías constitucionales vinculadas al ejercicio del trabajo periodístico.

Un dato que añade más complejidad al caso es que la oficina de la abogada Neme también funciona como sede del multimedios financiado por el diputado Cisneros. Dicho inmueble es utilizado, además, por el propio legislador y la letrada en su campaña en contra de la empresa provincial de energía EDET.

 

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