El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este viernes a Cristian Gabriel Álvarez Congiu, conocido como Pity Álvarez, a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro dispusieron que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados cumpla la pena bajo arresto domiciliario, con tobillera electrónica.
El veredicto cerró un proceso de más de ocho años, que estuvo suspendido durante un largo período porque peritos oficiales habían considerado al músico incapaz de afrontar un juicio. La parte dispositiva de la sentencia fue leída por Goerner, presidente del tribunal, y los fundamentos se conocerán más adelante.
Tres pedidos de pena. El fiscal general Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N° 27, había reclamado 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. También había pedido la detención inmediata del acusado en caso de condena, una vez concluida la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil.
La querella, a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representa a la familia de la víctima, había solicitado 11 años y dos meses, con cumplimiento en arresto domiciliario y salidas laborales. La defensa, ejercida por Javier Baños y Sebastián Queijeiro, sostuvo que Álvarez actuó en legítima defensa y pidió su absolución o, en subsidio, que se encuadrara el caso como exceso en la legítima defensa, una figura con una escala de pena menor.
Sin el acusado en la sala. Álvarez no estuvo presente en la lectura, porque el tribunal no autorizó su traslado desde la clínica psiquiátrica de Castelar en la que permanece internado de manera involuntaria. Antes de la deliberación se conectó por videollamada para pronunciar sus últimas palabras, pero no lo hizo para escuchar la sentencia.
«Me pareció un poco excesivo los alegatos que manifestó el fiscal», dijo el músico en esa intervención, y añadió que había querido explicar «lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal». En la sala, colmada por primera vez en todo el juicio, estuvieron Micaela, la hija de la víctima, y Marita, su hermana, además de familiares y allegados del acusado.
«Es correcto lo que hizo el tribunal. Es impecable», declaró Burlando al retirarse de los tribunales. La pena impuesta quedó por debajo del pedido de la fiscalía y apenas por encima del reclamado por la querella; la decisión todavía puede ser recurrida por las partes.
El crimen. Según la reconstrucción que la fiscalía expuso en su alegato, cerca de la 1.30 del 12 de julio de 2018 Álvarez y Díaz, de 36 años, discutieron frente a la puerta de una de las torres del complejo, ubicado en la intersección de la autopista Dellepiane Sur y la avenida Escalada. El músico sacó una pistola del bolsillo de su campera, le disparó a la cabeza y, con la víctima ya en el suelo, efectuó otros tres disparos.
Los peritos en criminalística coincidieron en que los disparos se hicieron a muy corta distancia, de entre 60 y 80 centímetros, y que solo se hallaron vainas del arma del acusado; según la fiscalía, el testigo presencial que acompañaba a Díaz aclaró que este no estaba armado. Álvarez huyó, arrojó la pistola a una alcantarilla, de donde luego fue recuperada, y se entregó en una comisaría de Villa Lugano en la mañana del 13 de julio.
De la incapacidad al juicio. En 2018, el juez de instrucción Martín Yadarola elevó la causa a juicio tras concluir que los trastornos diagnosticados no le impedían a Álvarez comprender sus actos al momento del hecho. Sin embargo, en febrero de 2021 el Cuerpo Médico Forense dictaminó una «incapacidad sobreviniente», y en abril de ese año el mismo tribunal suspendió el proceso, dispuso el cese de la prisión preventiva y ordenó su internación en el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), en el penal de Ezeiza.
Tras más de tres años en ese programa, el músico pasó por distintas instituciones de tratamiento. La situación cambió en abril de 2026, cuando el tribunal recibió nuevos peritajes que lo consideraron en condiciones de afrontar el debate, que finalmente comenzó el 10 de agosto.
Un debate accidentado. Previsto para once jornadas, el juicio se extendió al doble, entre pedidos de suspensión, cambios en la defensa y discusiones sobre la capacidad del acusado. En septiembre, tras una crisis de salud, Álvarez fue internado en el Hospital Tornú; el 28 de ese mes intentó abandonar el establecimiento y el Juzgado Nacional en lo Civil N° 4 ordenó su internación psiquiátrica, por lo que desde el 2 de octubre siguió las audiencias en forma remota desde una clínica de Castelar.
En una declaración de más de cuatro horas, que no estaba prevista, el acusado dio su versión de los hechos y pidió perdón. «¡¿Cómo no voy a estar arrepentido?! No me reconozco haciendo eso», afirmó entonces, en un relato que, a juicio de la fiscalía, desmentía los planteos sobre su falta de capacidad para comprender el proceso.
Para el fiscal, en cambio, el caso fue de «justicia por mano propia». «Díaz tenía derecho a vivir y no dependía de lo que otros pensaban de él. En un Estado de Derecho, la ley manda para todos», concluyó Abraldes al formular su pedido de pena.

