El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, todavía no dijo nada concreto para defender la nueva Ley de Biocombustibles, pese a que su aprobación podría representar un impulso estratégico para la industria azucarera, los productores cañeros y las inversiones en la provincia. La falta de un pronunciamiento del titular del espacio libertario contrasta con la importancia económica que tiene la iniciativa para Tucumán, que espera una definición en la Cámara de Diputados.
El proyecto cuenta con media sanción del Senado, pero volvió a quedar en el centro de las tensiones políticas del Congreso. Pese al respaldo de las provincias productoras y de distintas entidades empresariales, la iniciativa no consiguió dictamen y corre riesgo de quedar fuera del período ordinario de sesiones, que finaliza el 30 de noviembre.
La reforma propone elevar progresivamente el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15%, una modificación que podría abrir nuevas oportunidades para los ingenios, los productores cañeros y las inversiones vinculadas con la actividad sucroalcoholera.
Sin embargo, el principal obstáculo apareció en las diferencias por el biodiésel. El PRO, con Cristian Ritondo al frente de su bloque, resistió aspectos centrales de la iniciativa aprobada por el Senado, con el argumento de que los cambios perjudicarían a las pequeñas y medianas empresas bonaerenses del sector.
Tucumán y el debate de fondo por la Ley de Biocombustibles: ¿Un mini Vaca Muerta?
La disputa también expuso una contradicción dentro del oficialismo nacional. Mientras La Libertad Avanza busca consolidar su presencia política en las provincias, una reforma clave para las economías regionales del norte todavía no encuentra el impulso necesario para avanzar en Diputados.
El escenario resulta especialmente sensible por el peso que tiene la actividad sucroalcoholera en la economía provincial. Tucumán concentra buena parte de la producción nacional de caña de azúcar y cuenta con una estructura industrial directamente vinculada con la elaboración de bioetanol. Por eso, cualquier modificación en el régimen de mezcla puede repercutir sobre la demanda de alcohol y los planes de inversión de los ingenios.
La reforma contempla un régimen de quince años de vigencia y establece que, doce meses después de su eventual sanción, el bioetanol en las naftas pasará del 12% al 15%. De ese porcentaje, seis puntos corresponderán a la caña de azúcar, otros seis al maíz y el 3% restante quedará sujeto a la competencia entre materias primas.
El problema es que las diferencias por el biodiésel terminaron por bloquear también el avance de una reforma que cuenta con amplio consenso entre las provincias productoras de bioetanol. Las pymes del sector advierten sobre los efectos que podría tener el nuevo esquema frente a las grandes empresas integradas. El PRO de Cristian Ritondo se ubicó entre los principales espacios que objetaron el texto aprobado por el Senado.
En ese contexto, también quedó expuesta la falta de una intervención política más contundente de la conducción de La Libertad Avanza en Tucumán. Catalán, además de presidir el espacio en la provincia y proyectarse como precandidato a gobernador, integra el directorio de YPF, una empresa central en la discusión energética.
Hasta ahora, las principales expresiones libertarias a favor de la iniciativa surgieron de los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo. Pelli defendió el aumento del corte de bioetanol durante el plenario de comisiones del 28 de octubre y dejó una frase que sintetizó el reclamo tucumano: «Tucumán no necesita que le regalen nada, necesita que la dejen crecer y producir». Molinuevo, por su parte, también expresó su respaldo a través de sus redes sociales y destacó las oportunidades para la industria azucarera, los cañeros y el empleo provincial.
Sin embargo, ese respaldo parlamentario no se tradujo hasta el momento en una ofensiva política capaz de destrabar las negociaciones nacionales. Tampoco se conocieron pronunciamientos recientes de Gerardo Huesen sobre el tema. La ausencia de una postura pública de Catalán contrasta con la importancia que el proyecto tiene para el entramado productivo tucumano.
El reclamo tampoco quedó limitado a los dirigentes políticos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se sumó a los pedidos para que Diputados avance con la sanción definitiva. La entidad consideró que la reforma representa una oportunidad para atraer inversiones, fortalecer a las pymes agroindustriales y generar empleo en las economías regionales.
En la misma línea, las uniones industriales del Norte Grande ya habían reclamado a los representantes parlamentarios de la región que impulsen el tratamiento. El argumento es que la caña de azúcar, el maíz, la soja y otros recursos disponibles pueden convertirse en insumos industriales con mayor valor agregado dentro de las propias provincias. El Federalista había advertido sobre esta preocupación el 2 de octubre, cuando informó acerca de la presión de las entidades industriales del norte para que Diputados avance con la reforma.
Por su parte, el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) también respaldó la media sanción del Senado y reclamó una rápida aprobación en la Cámara baja. La entidad consideró que el nuevo marco normativo representa un paso importante para mejorar las condiciones de la actividad sucroalcoholera y dar previsibilidad a las inversiones.
La dimensión económica de la iniciativa ya había sido abordada por El Federalista el 21 de octubre, bajo el concepto de un «mini Vaca Muerta» tucumano. La comparación apunta al potencial que tiene la provincia para transformar su producción primaria en energía y desarrollar una cadena industrial con mayor valor agregado. No se trata solamente de aumentar el porcentaje de bioetanol en las naftas, sino de generar nuevas oportunidades para los ingenios, los productores cañeros y el conjunto de la economía regional.
Para Tucumán, el costo de una nueva postergación no es menor. La provincia busca consolidar una matriz energética vinculada con el bioetanol y aprovechar la disponibilidad de materia prima, infraestructura industrial y capacidad de destilación. La reforma podría ampliar la demanda de alcohol de caña y ofrecer un horizonte de previsibilidad de quince años para nuevas inversiones.
Con el calendario legislativo cada vez más ajustado y el período ordinario a punto de finalizar, el proyecto enfrenta una carrera contra el tiempo. La media sanción del Senado todavía no encuentra continuidad en Diputados y las diferencias por el biodiésel mantienen paralizada la discusión.
Mientras el PRO sostiene sus objeciones y el oficialismo nacional no consigue reunir los consensos, Tucumán espera una definición sobre una ley que puede resultar determinante para el futuro de su industria azucarera.

