Ñoquis en la Caja del cisnerismo: el Tribunal de Cuentas reveló los nombres y los montos del perjuicio al Estado

Después de una larga investigación que comenzó en marzo de este año, el Tribunal de Cuentas determinó que hubo un daño patrimonial de unos 1.300 millones de pesos por el pago de haberes a agentes comisionados que no acreditaron contraprestación laboral alguna durante la gestión de José César Díaz al frente de la Caja Popular de Ahorros.

El Acuerdo 4446/26, dictado el 16 de noviembre, concluyó que 32 empleados percibieron remuneraciones brutas e intereses entre septiembre de 2018 y agosto de 2023 sin haber presentado los informes de desempeño obligatorios ni demostrado que hubieran cumplido tareas efectivas. El organismo fijó la responsabilidad patrimonial individual de cada uno de ellos y la responsabilidad solidaria del exinterventor José César Díaz (hasta un tope de $1.255.329.798,37) y del gerente de Personal Héctor Javier Díaz, por haber autorizado y mantenido esas comisiones sin los controles previstos.

Actualizado por inflación, el monto de 1.300 millones de pesos de finales de 2023 equivale hoy a aproximadamente 4.700 millones de pesos. El cálculo considera la inflación de 2024 (117,8 %), la de 2025 (31,5 %) y la acumulada hasta octubre de 2026 (26,3 %), según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. A la cotización del dólar oficial de venta del Banco Nación de este martes (1.575 pesos), la cifra original representaba cerca de 825.000 dólares de la época; su equivalente inflacionario actual supera los 2,9 millones de dólares.

Los agentes declarados patrimonialmente responsables, con cargos fiscales individualizados en la resolución, son: Gustavo Eduardo Durán, Delia Marisa Sanguino, Christian Damián Brito, Carlos Antonio Cano, Patricia Sami, Luz María Sturgeon Gil, José Adolfo Alfaro, Laura Fabiana Rodríguez, Silvia Edith Medina, María Gabriela Frías, Marcos Damián Blanco, César Eduardo Fernández, Mónica Teresita Moya, Natalia María Terán Nougués, Leandro Toll y Daniel Alberto González. Había una lista más amplia de agentes investigados en el expediente; el Tribunal no encontró irregularidades en el resto de los casos analizados.

Agente Monto original (2023) Monto actualizado (oct. 2026)
Gustavo Eduardo Durán $43.416.755,68 $157.030.000
Delia Marisa Sanguino $43.494.679,74 $157.310.000
Christian Damián Brito $45.047.106,73 $162.935.000
Carlos Antonio Cano $46.408.791,55 $167.860.000
Patricia Sami $46.435.926,59 $167.960.000
Luz María Sturgeon Gil $50.750.908,92 $183.565.000
José Adolfo Alfaro $51.798.017,35 $187.350.000
Laura Fabiana Rodríguez $52.519.050,30 $189.960.000
Silvia Edith Medina $52.553.267,86 $190.085.000
María Gabriela Frías $53.439.716,90 $193.290.000
Marcos Damián Blanco $53.855.770,61 $194.795.000
César Eduardo Fernández $56.362.506,16 $203.860.000
Mónica Teresita Moya $61.190.070,25 $221.320.000
Natalia María Terán Nougués $73.573.142,03 $266.110.000
Leandro Toll $76.187.254,30 $275.570.000
Daniel Alberto González $78.570.880,31 $284.190.000

El proceso se inició con la Cédula 545/26 de marzo y culminó con la determinación definitiva de responsabilidad patrimonial. Los agentes fueron intimados a depositar las sumas liquidadas a favor del erario.

Apenas un nuevo escándalo

El caso de las comisiones de servicio sin contraprestación acreditada se inscribe en una serie de pronunciamientos del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de Díaz al frente de la Caja Popular de Ahorros, que se intensificaron a partir de 2025.

En abril de 2026, mediante el Acuerdo 1348, el organismo declaró la nulidad absoluta de la designación de Díaz en planta permanente (Resolución 494/23, firmada por el entonces subinterventor Hugo Ledesma), por violar el artículo 9° de la Constitución provincial al permitirle percibir doble sueldo. El perjuicio estimado por ese esquema, sostenido durante 31 meses, superaría los 700 millones de pesos. Meses después, la propia intervención de la Caja dictó la nulidad absoluta e insanable del acto y ordenó el cese de Díaz. En paralelo, se investigó una licencia psiquiátrica de largo tratamiento que el exinterventor usufructuó mientras continuaba ejerciendo la profesión de abogado en causas privadas.

El Tribunal también anuló, por nulidad absoluta e insanable, contrataciones directas y renovaciones al estudio Concilio & Sarralde (Acuerdos 2132 y 4205). El socio gerente, Octavio Concilio, es hermano de Francisco Concilio, gerente de ART de la propia Caja; el estudio, además, auditaba registraciones que él mismo elaboraba. El perjuicio cuantificado alcanza los 215 millones de pesos. A ello se sumó el Acuerdo 5183/2025, que señaló que los estados contables de la entidad no presentaban razonablemente la información y detectó una deuda de 3.381 millones de pesos con el Siprosa por transferencias del sector juegos no efectuadas en tiempo y forma entre 2020 y 2023.

Por último, entre abril de 2025 y marzo de 2026 se documentaron retiros en efectivo por ventanilla de más de 21.000 millones de pesos desde cuentas de la Caja en el Banco Macro, en su mayor parte bajo la conducción de Díaz, sin registro claro de los destinatarios finales.

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