A seis meses del violento episodio ocurrido a plena luz del día en el microcentro de San Miguel de Tucumán, la Justicia resolvió mediante un juicio abreviado la causa contra el conductor que, tras una discusión de tránsito, efectuó un disparo a corta distancia contra un ciclista sobre la calle San Juan al 600, imponiéndole una pena de tres años de prisión de ejecución condicional junto a una reparación económica integral a la víctima.
El hecho se registró el 21 de mayo de 2026, alrededor de las 13.40 horas, cuando Gustavo José Luis Orce, de 50 años, quien conducía un automóvil Ford Focus, enfrentó a Cristian Emanuel Palacios, de 43, que circulaba en bicicleta, por un supuesto roce en el espejo retrovisor del vehículo; la disputa verbal escaló rápidamente y Orce, que portaba una pistola semiautomática Bersa calibre 40 sin la autorización de portación correspondiente, disparó a menos de un metro de distancia, impactando el proyectil en el hombro izquierdo de Palacios, quien sufrió lesiones que demandaron menos de un mes de recuperación sin comprometer vasos sanguíneos vitales ni órganos mayores.
Posteriormente al disparo, el imputado intentó continuar su marcha pero fue interceptado y aprehendido a los pocos metros por personal policial, mientras la investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Criminal I dirigida por Mariano Fernández, reunió actas policiales, historias clínicas, testimonios presenciales, registros de las cámaras del Centro de Monitoreo e informes toxicológicos de dermotest con resultado positivo, elementos ante los cuales Orce admitió su responsabilidad en el hecho de forma lisa, llana e incondicional, permitiendo avanzar con un acuerdo de juicio abreviado que contó con la conformidad expresa de la querella.
La resolución estableció la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, durante los cuales el condenado deberá cumplir reglas de conducta que incluyen la prohibición absoluta de comunicarse o acercarse a Palacios y a su domicilio a menos de doscientos metros, la obligación de fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados, la abstención de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, y la prohibición absoluta de tener o portar armas de cualquier tipo y calibre, además de abonar la suma total de dieciocho millones de pesos en concepto de reparación económica, mediante un pago inicial al contado de diez millones y el saldo en cuatro cuotas mensuales consecutivas de dos millones cada una.
La causa, que en sus primeras instancias se había encuadrado provisoriamente como tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, quedó resuelta con este acuerdo que garantiza la pacificación social y la reparación integral de la víctima, según se desprende de los términos del juicio abreviado homologado.

