El juicio oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez (25) comenzó este lunes 26 de octubre en el Centro Judicial Capital de Tucumán con una distinción nítida entre la situación del principal acusado y la de sus dos coimputados por encubrimiento. El fiscal Pedro Gallo sostuvo que Felipe “El Militar” Sosa (50), exmilitar y empresario de seguridad privada, se encuentra “hasta las manos”: la joven estudiante de enfermería fue asesinada a golpes entre las 3:50 y las 7 de la madrugada del 7 de enero en la vivienda de Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena, y su cuerpo, envuelto en bolsas de consorcio, fue abandonado en un descampado de Manantial Sur. La Fiscalía pide prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por violencia de género.
Para Justina Gordillo (48), funcionaria de la Corte Suprema provincial y pareja de Sosa en aquel momento, y para Jorge Orlando “Chicho” Díaz (40), empleado de confianza de las empresas del acusado, el pedido es de seis años de prisión por encubrimiento agravado. Sin embargo, la primera jornada del debate dejó en evidencia que, a nueve meses del crimen, no existen pruebas directas que los vinculen de manera concreta con las maniobras de ocultamiento del cuerpo, la eliminación de rastros o el favorecimiento de la fuga. Nicolás Navarro Flores, el cuarto involucrado, ya fue condenado a tres años de prisión efectiva mediante juicio abreviado y declarará como testigo.
El abogado Camilo Atim, defensor de Gordillo junto a María Florencia Abdala, reforzó con precisión esa ausencia de elementos. “Se dice que ella ayudó a esconder el cuerpo de la víctima. Según la investigación, el cuerpo fue abandonado el jueves, en el horario en que ella estaba trabajando. Se puede hablar de sus ingresos y egresos de la vivienda de Sosa, pero fueron después de que el cuerpo ya había sido arrojado en el lugar donde se la encontró”, argumentó Atim en los alegatos de apertura. Añadió que tampoco se la puede acusar de haber borrado rastros por haber retirado y estacionado en la casa del imputado una camioneta de un lavadero al que ella no la había llevado: “Cumplió con una orden que le había dado Sosa”.
Esos dichos se alinean con la línea que la defensa y las propias coberturas de este medio sostuvieron desde febrero. Informes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif) indican que Gordillo se retiró del domicilio a las 00:08 del 7 de enero, mientras Álvarez llegó alrededor de las 3:50 a bordo de un Uber. Su línea telefónica no impactó en el basural de Manantial Sur y no se detectó su perfil genético en las pruebas de ADN. La imputación se apoya en la relación sentimental previa, en contactos telefónicos posteriores (28 llamadas el día del hecho, siete de ellas por WhatsApp entre las 7:32 y las 9:07) y en un poder general que Sosa le otorgó el 9 de enero sobre sus empresas (Mundo Limpio SRL, Grupo Seguridad Objetiva SA y Seguridad Objetiva SA), además de una moto KTM puesta a su nombre. Abdala aclaró que el poder respondía a un proyecto familiar, que no hubo transferencias a su nombre y que la única extracción fue de un millón de pesos para señar un departamento. “Sobre la moto que supuestamente compró ella para que él se fugara, él la adquirió, él la retiró y él la tenía en su poder”, precisó.
El caso de Díaz sigue un patrón similar de indicios circunstanciales sin prueba material de participación en el encubrimiento. Su defensor, Juan Pablo Bello, sostuvo que el empleado “tuvo la mala suerte y la desgracia de haber ido a trabajar el 7 de enero a la casa de su jefe”. Había cambiado las cubiertas de una moto el día anterior y regresó a colocarlas y a cortar el césped; volvió después porque se había dejado el celular y, por orden de Sosa, llevó una escopeta a una base de la agencia de seguridad. Llegó a las 15:17 en una camioneta Chevrolet y se retiró a las 17:10 con bolsas de gran tamaño. Desde hace ocho meses permanece detenido en Benjamín Paz. La Fiscalía le atribuye haber eliminado pruebas y ocultado un arma, pero no hay elementos que demuestren que participó en el traslado del cuerpo o en la limpieza de la escena del crimen.
Gallo describió un “despliegue de maniobras y recursos” por parte de Gordillo, Díaz y Navarro destinado a que el hecho quedara impune. El querellante Carlos Garmendia, en representación de los padres de la víctima, calificó la prueba como “abrumadora”. Sin embargo, la propia investigación —y las coberturas previas de El Federalista— mostraron que las hipótesis más graves contra Gordillo (un supuesto trío sexual filmado o amenazas previas por redes) nunca ingresaron al expediente como prueba. Su declaración, a través de Atim y Abdala, contribuyó a identificar a Navarro y a Díaz, y el fiscal la calificó como “falsa” y orientada a proteger a Sosa, pero no la utilizó para sustentar las acusaciones contra ellos.
En el banquillo de Sosa, Marcelo Cosiansi (junto a Rubén Flores) abrió el debate con una negativa rotunda: “Sosa no mató a Érika y eso lo vamos a probar”. Cuestionó las pericias forenses (“tres médicos diferentes llegaron a conclusiones distintas”) y planteó que la víctima mantenía vínculos con un “narco poderoso” que nunca se investigó a fondo. Admitió que Sosa ocultó el cuerpo “por pánico” ante posibles represalias. Esa línea no altera el núcleo de la acusación fiscal contra el “Militar”, pero sí subraya que el debate oral, que se extenderá hasta el 11 o el 15 de diciembre ante las juezas María Valeria Mibelli y Eliana Karina Gómez Moreira y el juez Sebastián Mardiza, deberá separar con rigor lo que está probado respecto del autor material de lo que aún permanece en el terreno de la hipótesis sobre los presuntos encubridores.
El expediente arrastra, además, el historial judicial previo de Sosa: en 2023 un allanamiento en Frías Silva al 1.336 reveló un invernadero con 162 plantas de marihuana y material de procesamiento; el juez federal José Manuel Díaz Vélez lo sobreseyó en abril de 2025 por falta de constancias de finalidad lucrativa, fallo que la Cámara Federal revocó en marzo de 2026. Denuncias previas por violencia de género de su exesposa y sospechas de comercialización de éxtasis en fiestas electrónicas completan el contexto. Nada de eso, hasta ahora, se ha trasladado en pruebas concretas que comprometan a Gordillo o a Díaz en el encubrimiento del femicidio. El juicio dirá si esa distinción se sostiene.
