Las internas en la Justicia de Tucumán están al rojo vivo. Según confirmaron fuentes a El Federalista, tras el escándalo por el nepotismo y las irregulares designaciones sobre todo en la Escuela Judicial de la provincia, un sector prepara presentaciones contra el vocal de la Corte Suprema Daniel Posse, y las camaristas Adela y Malvina Seguí.
En este momento analizan si se formularán denuncias penales y se promoverán juicios políticos con base en las resoluciones y acuerdos del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) que consolidaron la permanencia de Adela María Seguí al frente de la Escuela Judicial y colocaron a personas de su entorno familiar en cargos del organismo. El eje principal de las acciones sería el vocal Daniel Oscar Posse, presidente del CAM y firmante de los actos cuestionados. En segundo término se ubicarían Adela Seguí, principal beneficiaria de las decisiones, y su hermana Malvina, camarista y consejera que participó en la reforma que habilitó la prórroga unilateral.
El 4 de agosto de 2025 el CAM aprobó el Acuerdo 82/2025 en “asuntos varios”, sin que figurara en el temario original de nueve puntos. La reforma modificó el régimen de permanencia del Director Académico: hasta diez años por designación o prórroga, y facultó a la Presidencia a prorrogar, por períodos sucesivos de hasta diez años, a quien ya ocupara el cargo habiendo sido designado por concurso. Tres días después, Posse firmó la Resolución de Presidencia 256/2025, que prorrogó por ocho años la designación de Adela María Seguí (DNI 12.675.710, Legajo 9.385), hasta aproximadamente agosto de 2033. El pleno ya la había prorrogado hasta el 30 de abril de 2026 mediante Acuerdo 73/2024, tras evaluación del Consejo Académico. La nueva resolución no registra una nueva evaluación.
El 22 de octubre de 2025 Posse dictó la Resolución 381/2025. Dejó sin efecto la Resolución 139/2022 —que había comunicado la designación original de 2022 con carácter temporario, categoría 05.01 equiparable a juez de primera instancia— y afectó a Seguí un cargo vacante permanente de Secretario de Corte (categoría 05.01) “mientras ejerza sus funciones”. El acto se apoyó en un informe de Secretaría Administrativa sobre disponibilidad presupuestaria en el Expediente 0214-930-2025. Ninguna de estas decisiones fue informada a los consejeros en las diecisiete sesiones posteriores.
En paralelo, Posse firmó designaciones de personal administrativo permanente sin que las resoluciones individualicen convocatoria, orden de mérito o acta de concurso, pese a que el Acuerdo 3/2010 (modificado por el 6/2010) establece que, cuando los cargos revisten carácter permanente e integran la planta presupuestaria, “las correspectivas designaciones deberán efectuarse previo concurso de antecedentes”.
La Resolución 389/2023 designó a Cecilia Susana Palacio como Encargada Mayor (categoría 26.01) con carácter permanente desde el 10 de octubre de 2023, por “razones de servicio”. Palacio es pareja de Manuel Martínez Novillo, hijo de Adela Seguí, y madre del nieto de esta, según publicación de la propia Adela. El artículo 7 de la Resolución 253/2025 la destinó a la Comisión de Antecedentes e Impugnaciones, órgano que interviene en el tratamiento de antecedentes y objeciones de aspirantes a magistrados.
Daiana Mariel Acosta Rivero, identificada en investigaciones periodísticas como nuera de Malvina Seguí, ingresó de manera temporaria como Encargada Mayor en octubre de 2024, fue confirmada en planta permanente el 3 de abril de 2025 (Resolución 79/2025, que menciona una “previa evaluación de antecedentes” sin anexar dictamen ni comparar postulantes) y ascendió el 5 de agosto de 2025 a Prosecretario Judicial C (categoría 11.01) mediante el artículo 5 de la Resolución 253/2025. El recorrido se completó en menos de diez meses.
Malvina Seguí, camarista y consejera suplente en la sesión del 4 de agosto, realizó la intervención más extensa de la jornada en defensa de la reforma. Agradeció “la confianza depositada por el señor presidente” y señaló que el grupo había trabajado “con la directriz que nos dio el Presidente”. Solo antes de la votación pidió que constara “su excusación”. En marzo de 2022, durante las entrevistas del concurso que ganó su hermana, se había retirado de la sala por parentesco. Una publicación suya en Facebook de noviembre de 2019 describe una amistad de cuarenta años entre ella, su hermana Adela y Posse.
Las irregularidades administrativas que se invocarán, según las fuentes, son el incumplimiento aparente del Acuerdo 3/2010 en designaciones permanentes, la opacidad por omisión de informar al pleno resoluciones de alto impacto, la concentración de decisiones en un intervalo breve y la apariencia de conflicto de interés derivada de la amistad documentada y del parentesco. Estas conductas no constituyen por sí solas delitos tipificados, pero podrían habilitar investigación sobre abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público o negociaciones incompatibles (arts. 248, 249 y 265 del Código Penal), si se acreditara intención o perjuicio.
Contra Posse, las presentaciones buscarían sumario disciplinario por el ejercicio de las funciones de vocal y presidente del CAM, denuncia penal ante la fiscalía competente aportando las resoluciones y actas, y juicio político conforme al artículo 124 de la Constitución de Tucumán, que habilita el enjuiciamiento de los miembros de la Corte por mal desempeño o delitos en el ejercicio de la función. La Comisión Permanente de Juicio Político decide por dos tercios si formula acusación.
Respecto de Adela Seguí, Directora Académica designada por concurso en 2022 (Acuerdo 16/2022) y prorrogada por el pleno hasta abril de 2026, las acciones se concentrarían en su condición de principal beneficiaria de la prórroga unilateral y de la afectación del cargo permanente, así como en la incorporación de personas de su entorno familiar sin concurso individualizado. Si se la considera sujeta al régimen de magistrados por la categoría del cargo, podría enfrentarse a sumario disciplinario o investigación administrativa por la apariencia de favoritismo en el organismo que forma aspirantes a la magistratura.
En el caso de Malvina Seguí, la base principal sería el incumplimiento del deber de abstención: participó activamente en la deliberación de la reforma que beneficiaba directamente a su hermana, en contraste con la excusación plena que observó en 2022. Como camarista, está sujeta al régimen disciplinario del Poder Judicial. Las fuentes indican que se evaluaría sumario por mal desempeño o violación del deber de imparcialidad, denuncia penal por eventual incumplimiento de deberes, y juicio político por afectación de la apariencia de imparcialidad en un órgano selector de jueces.
Las presentaciones, de concretarse, exigirían a los órganos competentes el requerimiento de los expedientes administrativos completos del CAM. La determinación de responsabilidad penal, disciplinaria o política corresponderá a la fiscalía, a los órganos del Poder Judicial y a la Legislatura, tras el debido proceso. Los documentos oficiales del CAM constituyen la base material invocada por quienes preparan las acciones que ya han provocado un sismo en la institución provincial.
