Maricarmen Abascal murió este miércoles 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, a los 87 años y catorce días después de que la sacaran en camilla del piso de 92 metros cuadrados de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Retiro, donde había vivido más de setenta años. La causa no fue informada. El 28 de septiembre, cinco días después del desalojo, Urbagestión aceptó un contrato nuevo de ocho años con una renta que no superara cerca del 30 % de sus ingresos, y ella conoció el pacto internada, a la espera del alta que no llegó.
El piso tenía un contrato de renta antigua firmado en 1956 por su padre, durante el franquismo, que pasó a la madre en 2005 y después a ella, con un canon de 500 euros mensuales que siguió pagando aun después de 2020. Jubilada desde 1998, tras 32 años como secretaria en una farmacéutica, cobraba una pensión de unos 1.400 euros. Renta Corporación compró el inmueble en 2018 y le ofreció 247.000 euros, que rechazó. En 2020 lo adquirió Urbagestión, que pidió primero 2.650 euros y después 1.650, por encima de la pensión. El Tribunal Supremo entendió que el contrato no se prorrogaba por una segunda subrogación, y el desalojo se ejecutó el 23 de septiembre al cuarto intento.
El caso salió del juzgado a la calle. El Sindicato de Inquilinas armó un campamento en la Puerta del Sol y una marcha nocturna al Congreso, y Abascal mandó desde la cama del hospital el mensaje «luchad, defended lo que es vuestro». Junts tumbó los decretos de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez y el presidente adelantó las elecciones al 29 de noviembre, el desenlace que El Federalista reconstruyó el 5 de octubre en esta nota. Sánchez escribió que la pérdida se sentía «como propia». Feijóo pidió pésame y «ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada».
