Buenos Aires.- El oficialismo aclaró que el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, fue efectuado en septiembre y, por ende, no tuvo que ver con la aceptación del Per Saltum que detuvo los traslados de tres jueces federales.
«El pedido lo hicimos el 25 de septiembre, cosa que es importante destacar, y tampoco buscamos que salga en los diarios ni lo publicamos en ningún lado», resaltó la diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley, quien presentó el pedido de juicio político contra Rosenkrantz.
En declaraciones radiales, la diputada oficialista subrayó que «son varias las causas» sobre las que se cimienta el pedido de juicio político contra Rosenkrantz, en particular su accionar respecto «a los 2×1 entregado a represores de la última dictadura».
«Veremos qué sucede con el pedido que presentamos», remarcó Siley, quien aclaró que su presentación no tiene nada que ver con el Per Saltum que detuvo las destituciones de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
En ese marco, el Gobierno nacional se despegó del pedido de juicio político contra Rosenkrantz, y afirmó que se trata de una petición «a título individual». Fuentes oficiales precisaron que «la diputada presentó el proyecto el 25 de septiembre, cuatro días antes de que la Corte Suprema diera lugar al per saltum».
«Los diputados presentan habitualmente este tipo de proyectos de pedidos de juicio político y lo hacen a título individual. Por ejemplo, algunos legisladores de la oposición presentaron varios pedidos de juicio político contra la ministra de Seguridad, Sabina Frederic», explicaron.
Desde Casa Rosada negaron que el proyecto sea «en represalia» a lo resuelto en la última semana por el Máximo Tribunal, y recordaron que «en 2017 hubo tres pedidos de juicio político a los jueces de la Corte Suprema Rosenkrantz, (Elena) Highton de Nolasco y (Horacio) Rosatti, presentados por diferentes bloques de diputados, y relacionados con el fallo del máximo tribunal por el 2×1 a represores».
«La diputada Siley presentó un proyecto que retoma el sentido de aquellos proyectos y los actualiza con hechos que a su entender protagonizó Rosenkrantz en causas por violaciones a los derechos humanos con posterioridad a 2017», agregaron en el Gobierno nacional.