Un docente tucumano denunció ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana una presunta maniobra de extorsión que atribuyó a efectivos policiales de la comisaría de El Chañar. El episodio, según su presentación, comenzó el martes 4 de agosto cuando regresaba de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi hacia su domicilio en Macomitas.
El maestro relató que viajaba como pasajero en un Chevrolet Corsa blanco junto a un conductor particular al que ya conocía. Cerca de las 21.15, sobre la ruta, una camioneta policial interceptó el vehículo. Dos agentes descendieron y, según afirmó, no exhibieron credenciales ni explicaron el motivo de la intervención.
La denuncia sostiene que uno de los policías pidió la documentación del automóvil y revisó el interior. En ese momento, los agentes habrían asegurado que encontraron «envoltorios» cerca de la palanca de cambios.
El docente negó que esos elementos fueran suyos y cuestionó el procedimiento. Según escribió ante la Fiscalía, los policías no exhibieron los supuestos envoltorios, no realizaron una prueba de campo, no pesaron ninguna sustancia y tampoco confeccionaron un acta de secuestro. Tampoco, de acuerdo con su relato, intervino una unidad especializada en estupefacientes.
La presentación sostiene que esa situación sirvió como argumento para trasladarlo hasta la dependencia policial. El maestro describió ese momento como el comienzo de una secuencia que, según su denuncia, terminó con la pérdida de varios millones de pesos y una transferencia hacia una persona que aseguró no conocer.
Una exigencia de millones de pesos
El conductor que acompañaba al docente fue separado de la situación cuando llegaron a la comisaría. Allí, según el denunciante, los efectivos cambiaron el eje del procedimiento y le plantearon la posibilidad de «llegar a un arreglo».
El maestro aseguró que los policías lo amenazaron con vincularlo públicamente a un procedimiento por drogas y con provocar la pérdida de su trabajo. También afirmó que los agentes conocían dónde vivía y cuáles eran sus movimientos habituales.
La exigencia económica, según su declaración, comenzó en $10 millones y luego bajó a $8 millones. Ante la imposibilidad de conseguir esa suma, los policías habrían revisado su situación financiera a través del teléfono celular que le habían quitado.
El docente afirmó que los agentes ingresaron a su homebanking de Banco Macro y comprobaron que disponía de unos $2,6 millones. De acuerdo con la denuncia, entonces resolvieron quedarse con $2,5 millones y dejarle $100.000.
El escrito judicial señala que los efectivos calificaron esa suma restante como una muestra de que «eran buenos».
El dinero salió de la cuenta mediante varias extracciones. El docente presentó comprobantes correspondientes a movimientos por $100.000, $200.000, $100.000, $100.000, $100.000 y $400.000, entre otros registros que deberán ser verificados.
Una transferencia de $1,5 millones a un tercero
La denuncia incorpora otro dato que podría resultar central para la investigación. El docente afirmó que uno de los policías utilizó su teléfono para ingresar a la aplicación Naranja X y cargar personalmente los datos de una cuenta receptora.
Según su relato, la operación requirió su reconocimiento biométrico para autorizarla. El destino fue una cuenta de Mercado Pago a nombre de Franco Elías Orellana, por un total de $1.500.000.
El denunciante aseguró que no conocía a Orellana y que nunca tuvo contacto con él. También afirmó que, después de comprobar la recepción del dinero, uno de los policías dijo que esa cuenta era la que «utilizaban para ese tipo de casos».
La frase quedó incorporada a la denuncia por su posible valor probatorio. El docente interpretó que podría indicar una modalidad repetida y no un episodio aislado.
Por esa razón, sus abogados Juan Macario Santamarina (M.P. 8473) y Gonzalo Ascárate (M.P. 7129) solicitaron que la Justicia investigue si existen antecedentes similares relacionados con integrantes de esa dependencia policial.
El acta que firmó y la salida de la comisaría
Antes de recuperar su libertad, el docente aseguró que los efectivos le hicieron firmar un documento en el que figuraba que había sido «demorado» y que no registraba antecedentes.
Según denunció, no pudo leer todo el contenido del acta y tampoco recibió una copia. Afirmó además que la firma ocurrió después de sufrir un cuadro de presión arterial elevada, con cefalea, mareos, náuseas y dificultades para hablar y mantenerse de pie.
El maestro sostuvo que comunicó a los policías que padecía hipertensión y que estaba bajo tratamiento médico. Según su presentación, solo recibió un vaso de agua y no recibió asistencia sanitaria.
El propio denunciante indicó que luego fue llevado hasta su domicilio por el mismo efectivo policial. Allí se constató una presión arterial de 19/8.
La presentación también menciona consecuencias posteriores que el docente atribuyó al episodio. Entre ellas aparecen insomnio, palpitaciones, dificultades para alimentarse con normalidad y la necesidad de iniciar tratamiento psicológico.
Qué pidió investigar la Justicia
La denuncia no se limitó a identificar a los policías que participaron del procedimiento. También incluyó a Franco Elías Orellana, señalado como titular de la cuenta que recibió los $1,5 millones.
El docente pidió que se investiguen posibles delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, vejaciones y extorsión. También mencionó otras figuras que podrían surgir de la investigación, como encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público.
Entre las medidas solicitadas figura el pedido al Banco Macro para verificar las extracciones y obtener registros de las cámaras de los cajeros. También pidió información a Naranja X y Mercado Pago sobre la transferencia y la cuenta receptora.
Otro punto clave es el pedido de resguardo de las cámaras de seguridad de la comisaría de El Chañar. La defensa también solicitó una rueda de reconocimiento con integrantes de esa dependencia y pericias sobre el teléfono del docente.
Además, requirió que la Policía de Tucumán informe quiénes prestaron servicio en la comisaría durante la noche del 4 de agosto y si existen denuncias anteriores por hechos similares contra esa dependencia o sus integrantes.
El conductor del Chevrolet Corsa también fue propuesto como testigo para reconstruir los primeros minutos del episodio.
Finalmente, el docente solicitó una prohibición de acercamiento contra el personal policial involucrado, tanto respecto de él como de su grupo familiar, su domicilio y su lugar de trabajo.
La presentación también incluyó un pedido para que el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán sea incorporado como parte querellante, bajo el argumento de que el Estado provincial sería responsable por los daños que pudieran haber causado sus agentes en ejercicio de sus funciones.
Fuente: El Tucumano
