La Justicia tucumana rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba presentado por Jorge Gustavo Salomón, jefe de guardia del Hospital Centro de Salud e imputado por la muerte de un paciente que llegó al establecimiento con un cuadro que requería una intervención quirúrgica de urgencia.
Salomón ofreció como alternativa dictar cursos sobre responsabilidad médica durante dos meses y pagar $4 millones a la familia de la víctima en 12 cuotas, además de cumplir una serie de reglas de conducta. La aceptación de la propuesta le habría permitido evitar una eventual condena y quedar fuera de la causa.
La jueza Criss Correa rechazó el planteo. Según explicó la querella, la magistrada consideró que una probation podía afectar el desarrollo de una investigación que todavía no estableció de manera definitiva el grado de responsabilidad de cada uno de los profesionales involucrados.
El caso tiene como víctima a Francisco Molina, de 57 años. El hombre fue derivado el 25 de febrero de 2025 desde el Hospital Avellaneda al Centro de Salud. Presentaba una hernia umbilical estrangulada, un cuadro que requería una respuesta quirúrgica.
La operación, sin embargo, nunca se realizó. Molina fue dado de alta horas después y murió como consecuencia de la evolución de su cuadro.
Cinco médicos bajo investigación
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, que busca determinar por qué el paciente no recibió la intervención que requería y por qué salió del hospital pese a la gravedad de su estado.
Además de Salomón, están imputados Adrián Orlando Rojas, Agustina de Lourdes Suárez, Julieta Mena y Martín Isaías Brito, todos profesionales que tuvieron participación en la atención de Molina.
Para la querella, el rol de Salomón ocupa un lugar central. Era el jefe de guardia cuando Molina ingresó al Centro de Salud y tenía autoridad sobre el resto del personal médico.
“Salomón es el que más autoridad tiene de los cinco, era el jefe de guardia al momento en que llega el señor Molina y es a quien dos de los profesionales están apuntando: la médica Mena asegura que ella estaba operando y el paciente estaba bajo el cuidado de él, mientras la residente Suárez reconoce haberlo atendido, pero siempre bajo las órdenes del jefe”, explicó a Tendencia de Noticias el abogado de la familia, Juan Pablo Bello.
La defensa de Salomón sostuvo otra versión sobre lo ocurrido. Durante su declaración, el médico afirmó que él recibió a Molina cuando llegó desde el Hospital Avellaneda, pero explicó que no dispuso la cirugía porque las imágenes de la tomografía todavía no aparecían en el sistema.
Ante esa situación, según su relato, tampoco ordenó un nuevo estudio porque el tomógrafo del Centro de Salud estaba fuera de servicio.
Salomón reconoció que existía otra alternativa: trasladar al paciente hacia otro establecimiento para realizar la tomografía. Sin embargo, señaló que ese procedimiento requería pedir un móvil del servicio 107, esperar el traslado, efectuar el estudio y regresar al Centro de Salud.
Según su explicación, todo ese proceso demandaría tiempo y su guardia estaba próxima a terminar.
El argumento sobre su condición de funcionario
La querella también cuestionó que Salomón pudiera acceder al beneficio de la probation por su condición dentro del hospital.
“La fiscalía no se opuso, pero mi cliente, el hijo del señor Molina, sí”, explicó Bello. El abogado sostuvo además que la suspensión del juicio a prueba no resulta aplicable a funcionarios públicos en determinadas circunstancias.
En ese punto, Bello marcó una diferencia entre Salomón y un médico sin funciones jerárquicas. “El, al ser jefe de guardia y tener una autoridad sobre las decisiones que se tomaban en la guardia decía ‘yo te ordeno esto, vos hacé esto, vos hacé aquello’. Eso le da un rol diferente a una persona que no sea jefe. Por eso, la jueza entendió que a él sí le aplicaba la prohibición de la probation: por ser funcionario público y ser jefe de guardia. No es la misma posición que un médico de un sanatorio privado”, sostuvo.
Una junta médica cuestionó el procedimiento
La investigación incorporó además un elemento clave: una junta médica concluyó que no se respetaron los protocolos vigentes para atender un cuadro de abdomen agudo quirúrgico y una probable hernia umbilical estrangulada.
El informe técnico señaló que la actuación de los profesionales no resultó acorde con la patología que presentaba Molina. Según esa evaluación, la falta de una intervención quirúrgica oportuna pudo provocar el desenlace fatal, a partir de un shock asociado con la evolución del cuadro.
La junta también indicó que la administración de analgésicos pudo ocultar o dificultar la identificación de los signos de gravedad.
Con el rechazo de la probation, Salomón continuará dentro de una causa que todavía busca determinar qué ocurrió durante las horas que Molina permaneció en el Centro de Salud, por qué no recibió la cirugía y qué responsabilidad tuvo cada uno de los médicos que participaron de su atención.
