El juicio por la muerte de Matías Juárez, el niño de ocho años que falleció en octubre de 2016 tras una cirugía de amígdalas, entró en una etapa decisiva con un fuerte cambio de postura. La fiscal Marta Jerez pidió la absolución de los tres profesionales acusados y sostuvo que el desenlace respondió a una contingencia médica que los médicos no pudieron evitar.
La acusación alcanza al otorrinolaringólogo Álvaro Páez y a las médicas Florencia Jerez y Federica Castro. Para la fiscal, los profesionales actuaron de acuerdo con los protocolos correspondientes y no existe responsabilidad penal que permita atribuirles la muerte del menor.
La posición de la fiscalía contrastó de manera directa con la de la querella, que reclamó penas de prisión en suspenso e inhabilitación profesional para los tres acusados. Para Páez pidió tres años de prisión condicional y siete años de inhabilitación para ejercer la medicina. Para las médicas solicitó un año en suspenso y cinco años de inhabilitación.
Una cirugía de bajo riesgo que terminó en tragedia
Matías ingresó al quirófano el 20 de octubre de 2016, a las 11, para una intervención de amígdalas considerada de bajo riesgo. Contaba con los estudios prequirúrgicos correspondientes y, según la querella, su estado de salud era óptimo.
La operación se extendió más de lo previsto. Después, el niño regresó a su habitación en estado de semi consciencia.
Durante las horas siguientes sufrió tres episodios de sangrado por la boca. Su cuadro se agravó hasta quedar en coma inducido y con asistencia respiratoria. Cinco días después de la intervención, murió.
El proceso judicial demoró casi una década hasta su inicio. A Marta Jerez le correspondió representar al Ministerio Público Fiscal en la acusación. Sin embargo, en su alegato final sostuvo una posición diferente a la que planteó la querella.
La explicación de la fiscalía
Jerez basó su pedido de absolución en las conclusiones de las juntas médicas realizadas durante la investigación. Según explicó, esos informes determinaron que la indicación quirúrgica y el tratamiento aplicado fueron correctos.
También destacó el testimonio del neurocirujano infantil Ricardo Auad, integrante del staff del sanatorio. El especialista sostuvo que Matías sufrió un accidente cerebrovascular isquémico en el hemisferio derecho.
Otro elemento señalado por la fiscalía fue la falta de una autopsia. El estudio no pudo realizarse porque el pedido llegó varios días después de la muerte. Para Jerez, esa ausencia impidió establecer con certeza absoluta cuál fue la causa hemodinámica del fallecimiento.
Con esos argumentos, la fiscal concluyó que los profesionales no pudieron controlar la contingencia médica que derivó en la muerte del niño.
La querella apuntó a las demoras
La familia de Matías rechazó esa interpretación. Los abogados Silvia Furque y Gerónimo Martínez Molina sostuvieron que existió una cadena de presuntas omisiones y demoras que agravó el estado del menor.
«Matías entró sonriendo, caminando y confiando», afirmó Furque durante su alegato.
La querella remarcó que el niño era sano y que sus estudios prequirúrgicos no presentaban anomalías. Desde esa perspectiva, cuestionó que una intervención considerada de bajo riesgo terminara con su muerte.
Según la acusación particular, al salir del quirófano Matías ya presentaba labios morados y falta de oxígeno. Páez interpretó ese cuadro como un broncoespasmo. Para los abogados de la familia, en cambio, el niño sufría una pérdida importante de sangre.
El planteo de la querella también apuntó al tiempo que demoraron los estudios clínicos. Según expusieron, los análisis solicitados en terapia tardaron seis horas porque no fueron pedidos con carácter de urgencia.
Los abogados sostuvieron que para las 19 Matías ya había perdido cerca del 40% de su volumen sanguíneo. La primera transfusión llegó recién a las 21.
El punto central: el sangrado y las “horas de oro”
La querella cuestionó además la decisión de no llevar nuevamente al niño al quirófano para localizar y detener el sangrado en la fosa amigdalina derecha. Según su planteo, Páez adoptó una «actitud expectante» ante la evolución del cuadro.
Matías volvió a vomitar sangre a las 22, 23 y 3.30.
A las 4.30, la doctora Jerez pidió una tomografía de urgencia. El estudio recién pudo realizarse a las 6 porque el tomógrafo del sanatorio permaneció apagado durante la noche y fue necesario esperar al técnico.
Para la querella, esa demora resultó determinante. Los abogados sostuvieron que se perdieron las «horas de oro» para intentar revertir el ACV. La expresión surgió del testimonio de Juan Masaguer, quien declaró que existía una ventana de cuatro horas para actuar.
La acusación privada sostuvo que el sangrado posterior a la cirugía provocó un shock hipovolémico, con una fuerte caída de la presión arterial. Ese cuadro, según su hipótesis, agravó la lesión cerebral y terminó por llevar al niño a la muerte.
La sentencia todavía deberá esperar
La querella mantuvo su acusación pese al pedido de absolución de la fiscalía. «Lo que queremos es que no vuelva a pasar nunca más», expresó al cierre de su planteo.
El juicio continuará mañana a las 10, cuando será el turno del alegato de la acción civil.
Sin embargo, la jueza Wendy Kassar anticipó que mañana no habrá sentencia. El tribunal deberá continuar con las etapas pendientes antes de definir si los médicos resultan responsables por la muerte de Matías Juárez.
