El mal estado de las rutas volvió a quedar en el centro de las críticas del sector productivo tucumano. La Sociedad Rural de Tucumán advirtió que el deterioro de los caminos nacionales y provinciales ya tiene un impacto directo sobre los costos del campo, con los fletes como uno de los principales factores de presión.
El reclamo tomó una dimensión mayor a partir de un dato revelado por este medio el domingo. La Nación mantiene sin ejecutar casi $15.000 millones que, por la proporción de la red vial nacional que atraviesa Tucumán, pueden atribuirse a la provincia. Ese dinero forma parte de los recursos del SisVial que no fueron aplicados a obras y que permanecen invertidos en instrumentos financieros.
El dato expone una contradicción: mientras productores y transportistas enfrentan rutas deterioradas y mayores costos de traslado, una parte de los recursos destinados al sistema vial permanece fuera de las obras.
El reclamo del campo tucumano
José Frías Silva (h), presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, expresó su preocupación por el estado de la infraestructura vial y cuestionó la falta de respuestas concretas frente al avance del deterioro.
“Hay una preocupación muy grande ante esta situación porque el nivel de deterioro es mucho más rápido que con el cual se pueden tomar herramientas para arreglar los caminos”, sostuvo.
El dirigente también apuntó contra la disputa entre la Nación y las provincias por la administración de las rutas nacionales. La posibilidad de transferir determinados corredores a las jurisdicciones provinciales genera incertidumbre sobre quién deberá asumir los costos de reparación y mantenimiento.
“Estamos viendo entre la Nación, que le quiere pasar el manejo de las rutas a las provincias, y las provincias que no las quieren arreglar”, planteó.
Mientras tanto, el sector productivo continúa con sus actividades y debe absorber las consecuencias del deterioro. “nosotros seguimos produciendo, trabajando y sobreviviendo”, afirmó.
Casi $15.000 millones que no llegaron a las rutas tucumanas
Tal como contó este medio el domingo, el SisVial acumuló $1,038 billones sin aplicar a obras al 31 de mayo de 2026. De ese total, $1,001 billones estaban colocados en títulos públicos y plazos fijos, mientras otros $37.761 millones permanecían en una cuenta corriente del Banco Nación.
Tucumán cuenta con 575 kilómetros de rutas nacionales sobre una red total de aproximadamente 40.200 kilómetros. La provincia representa el 1,43% de esa infraestructura.
Si se aplica esa proporción sobre los fondos que permanecían sin ejecutar, el monto atribuible a Tucumán llega a $14.859 millones.
La cifra no representa una deuda formal de la Nación con la provincia. El SisVial es un fondo de alcance nacional. Sin embargo, la proporción por kilómetros permite dimensionar cuánto de los recursos retenidos debería haber tenido como destino las rutas que atraviesan Tucumán.
El problema adquiere mayor relevancia por el nivel de deterioro de algunos corredores. Un relevamiento de Vialidad Nacional determinó que el 60% de los kilómetros evaluados de rutas nacionales en Tucumán se encontraba en estado “malo”.
En ese contexto, el contraste con el destino financiero de los recursos genera un fuerte cuestionamiento. El dinero previsto para infraestructura vial permanece colocado en instrumentos financieros mientras los caminos acumulan baches, deterioro y problemas de transitabilidad.
El costo de trasladar la producción
Para la Sociedad Rural, el problema ya excede la discusión sobre infraestructura. La situación repercute sobre la estructura de costos de las actividades productivas.
“Hoy, con el aumento de los costos, los fletes es un tema que no es menor. Hoy es el costo de mayor impacto en nuestra producción”, afirmó Frías Silva.
El titular de la entidad sostuvo que el deterioro actual expuso una falencia que se acumuló durante años. No atribuyó toda la situación a los últimos ejercicios, sino a una falta de obras de fondo que dejó a las rutas en una condición cada vez más vulnerable.
“Este nivel de deterioro que por ahí de estos últimos tres años desnuda una realidad de muchísimos años en los que no se viene haciendo el trabajo adecuado”.
También cuestionó la utilización de reparaciones parciales como respuesta principal frente a problemas estructurales.
“Se venía solo parchando y haciendo bacheo en vez de hacer soluciones de fondo que duren más tiempo. No puede ser que en tres años se hayan venido abajo de esta manera”.
Una red deteriorada mientras el dinero busca rendimiento financiero
Los números del SisVial muestran que el problema no se limita a un período puntual. Entre el inicio de la gestión de Javier Milei y mayo de 2026, el fondo recaudó $1,503 billones y ejecutó apenas $394.406 millones, equivalente al 26,2%. La subejecución alcanzó así el 73,8%.
El esquema también cambió durante la gestión. Hasta mediados de 2025, buena parte de los recursos permanecía en plazos fijos. Luego, el Gobierno trasladó la cartera hacia títulos públicos.
Al 31 de diciembre de 2025, el 100% de las inversiones del fideicomiso, por $664.494 millones, estaba colocado en títulos públicos.
El objetivo legal del SisVial es financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial nacional. Sin embargo, la falta de ejecución de una parte importante de esos recursos abrió interrogantes sobre el uso efectivo del fondo.
El escenario resulta todavía más llamativo si se observa la situación de la red vial. La Federación de Personal de Vialidad Nacional estimó que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encontraba en estado regular o malo.
El pedido de un plan que vaya más allá del bacheo
Frías Silva reclamó una política vial de largo plazo y cuestionó que los anuncios de nuevas licitaciones no alcancen si las obras no llegan efectivamente a los caminos.
“Lo que necesitamos es que el país, de una vez por todas, haga un plan serio”, sostuvo.
También pidió controles sobre los trabajos que se adjudiquen.
“Habían dicho en el Gobierno nacional que salían las licitaciones, pero bueno, que estas licitaciones hagan trabajo y se controlen de manera real para que estas rutas puedan aguantar”, señaló.
El reclamo adquiere especial relevancia ante el nuevo esquema que impulsa la Nación para determinados corredores. El Gobierno avanza hacia un sistema de concesiones con peajes, mientras el sector productivo reclama que el financiamiento se traduzca en rutas transitables.
Peajes y rutas deterioradas: otra contradicción para el sector productivo
La Sociedad Rural también cuestionó que los usuarios deban pagar peajes en corredores que presentan serios problemas de conservación.
Frías Silva mencionó la autopista de la Ruta Nacional 9 entre Córdoba y Rosario como ejemplo de esa situación.
“Tiene todos sus peajes, tiene su sistema como debería funcionar con un sistema privatizado, si bien no es 100% privatizado, pero el estado de la ruta, por más que tengamos peaje, está detonada”, afirmó.
También apuntó contra la Ruta Nacional 34, en el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán. “Pagás peaje, pero vas a paso de hombre”, describió.
Para el dirigente rural, el problema no es necesariamente el cobro del peaje, sino la falta de correspondencia entre lo que paga el usuario y la calidad del servicio que recibe.
“Si va a haber rutas con peaje, bueno, listo, se pagará por la calidad. Pero paguemos por la calidad que haya, que exista, que podamos transitar y cuánto tiempo nos va a llevar”, reclamó.
El planteo deja expuesta una discusión que atraviesa a Tucumán y al resto del NOA: quién debe financiar las obras, quién debe ejecutarlas y qué ocurre con los fondos que ya fueron recaudados para sostener la red vial.
Mientras esa discusión continúa, las rutas siguen deteriorándose y el sector productivo debe afrontar el costo. En Tucumán, la cuenta estimada ronda los $14.859 millones: recursos que, según la proporción de la red vial, deberían haber tenido un impacto equivalente en los caminos de la provincia, pero que permanecen fuera del asfalto.
