El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC), mediante el Acuerdo N° 2855, ratificó la declaración de nulidad absoluta de la contratación del estudio jurídico porteño Saravia Frías Abogados S.C. por parte de la Caja Popular de Ahorros (CPA). La resolución del organismo de control responde a una serie de vicios graves detectados en el procedimiento administrativo tramitado durante la gestión del exinterventor José César Díaz. Entre las irregularidades señaladas figuran la falta de competencia orgánica de los funcionarios firmantes, la improcedencia de la contratación directa sin licitación pública previa y la elusión del control preventivo obligatorio al clasificar el gasto de manera indebida como operativo.
La auditoría del TC puso de relieve que la CPA erogó un total de $300.306.456,75 por servicios calificados como «inexistentes o de imposible cumplimiento». El vínculo contractual, iniciado a fines de 2024 para solicitar la revocación de una multa de $108 millones impuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), carecía de objeto útil, dado que la sanción ya había sido cancelada por la propia institución antes de la intervención del bufete. Asimismo, el informe técnico constató que los trámites de registro ante el BCRA cobrados por el estudio eran de carácter gratuito y virtual, existiendo además una superposición con servicios que ya prestaba la asesoría letrada interna del organismo. Ante el posible perjuicio fiscal, la actual intervención de la CPA instruyó una investigación sumaria y el TC solicitó las actuaciones para iniciar juicios de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios involucrados.
Control administrativo, custodia del erario y responsabilidades en la gestión pública
La resolución emitida por el Tribunal de Cuentas sienta un precedente relevante respecto del control preventivo sobre las contrataciones directas en organismos autárquicos de la provincia. La detección de contrataciones superpuestas y pagos sin causa legal fundamenta la exigencia de transparencia y rigor técnico en la asignación de fondos públicos. Las actuaciones en marcha buscan delimitar las responsabilidades administrativas y eventuales sanciones patrimoniales a los agentes que autorizaron la erogación de recursos estatales en contravención con las normativas vigentes.
