Robo de banda armada en Tafí Viejo: continuará detenido el policía que amenazó a tres mujeres y menores

El fuero penal de Tucumán prorrogó por dos meses la prisión preventiva del efectivo de la Policía provincial Franco Gabriel Leal, imputado por participar en un violento asalto a mano armada cometido contra una familia en la ciudad de Tafí Viejo. La resolución judicial responde al pedido formulado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor, que argumentó la necesidad de mantener privado de la libertad al acusado para avanzar con medidas probatorias clave, entre las que destaca la pericia informática forense sobre su dispositivo móvil.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 26 de enero de 2026 en un domicilio del barrio Ampliación Nicolás Avellaneda. Leal, quien integraba la plantilla del Grupo de Especialistas en Acciones Motorizadas (GEAM), habría arribado al lugar junto a otros tres sujetos armados y vestidos con indumentaria policial a bordo de un vehículo con cristales polarizados. El grupo irrumpió en la vivienda amedrentando a tres mujeres y tres menores de edad, a quienes exigieron sumas de dinero antes de sustraer cinco teléfonos celulares y darse a la fuga. El agente continúa imputado por el delito de robo triplemente agravado por el uso de arma de fuego, por ser cometido en poblado y en banda, y por su condición de funcionario de las fuerzas de seguridad.

Violencia institucional y el control interno de las fuerzas de seguridad

El procesamiento del agente de la fuerza de seguridad evidencia la complejidad del combate contra el delito cuando involucra la participación de miembros activos de la policía provincial. La tipificación del agravante por la condición de funcionario público acentúa el rigor del Ministerio Público Fiscal en el juzgamiento de hechos donde se utilizan prendas oficiales, logística y armamento para cometer ilícitos contra la población. La continuidad del proceso preventivo busca garantizar la integridad de las pruebas y evitar riesgos de entorpecimiento procesal en causas vinculadas al crimen organizado dentro de la infraestructura de seguridad local.

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