La interna política en el municipio de Tafí Viejo sumó un nuevo capítulo judicial e institucional luego de que la concejala Daniela Bravo notificara formalmente al presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Córdoba, el agotamiento de la vía administrativa para recurrir a los tribunales provinciales. La edil interpuso el reclamo tras la falta de respuesta a un recurso de reconsideración presentado en abril, en el que impugnaba su destitución de la Vicepresidencia 1ª del cuerpo deliberativo concretada a fines de marzo. Al vencerse los plazos legales sin un pronunciamiento del cuerpo legislativo, se configuró una denegatoria tácita por silencio administrativo, habilitando la instancia judicial ordinaria y de excepción.
A la disputa por las autoridades del Concejo se añadió una segunda presentación en la que Bravo denunció que las autoridades retiraron de forma intempestiva a los tres agentes adscriptos asignados a su despacho, dejándola sin equipo de trabajo. La legisladora municipal calificó la medida de «trato desigual» y «clara discriminación» respecto al resto de los ediles, enmarcando el episodio en la fractura política ocurrida en marzo con el espacio del exintendente y actual diputado nacional Javier Noguera y de la intendenta Alejandra Rodríguez, originada por diferencias políticas y alineamientos ante la gestión nacional.
Tensión institucional y el impacto del quiebre en la gobernabilidad local
El choque entre Daniela Bravo y el oficialismo municipal de Tafí Viejo expone el deterioro de las relaciones políticas internas dentro del peronismo local tras las elecciones provinciales y los reordenamientos nacionales. El retiro del personal técnico y el paralizado tratamiento de los proyectos presentados por la edil marcan una escalada que excede lo procedimental y traslada la disputa al fuero contencioso administrativo. Asimismo, el reclamo de la concejala incorpora una dimensión de género al señalar la baja representación femenina en el cuerpo (2 de 12 bancas), convirtiendo el conflicto en un antecedente institucional sobre los límites del ejercicio de la función legislativa y el uso de las adscripciones administrativas como herramienta de presión política en los municipios del Gran San Miguel.
