El accidente que sufrió un niño al caer en una boca de tormenta sin tapa volvió a poner bajo la lupa el estado de la infraestructura urbana en San Miguel de Tucumán. Mientras desde la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) atribuyeron el problema al crecimiento del robo de tapas de desagües, concejales opositores sostuvieron que el episodio expuso una falla en la prevención y el mantenimiento por parte del Estado.
El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, explicó que la sustracción de estos elementos se convirtió en una preocupación creciente. “Estamos sufriendo el robo de tapas de bocas de tormenta. En los últimos dos años hemos repuesto 400 elementos de estas características en toda la provincia. Es una situación preocupante”, afirmó.
El funcionario señaló que la empresa enfrenta dificultades para resolver el problema porque las tapas vuelven a desaparecer poco después de ser instaladas. “El mayor problema con el que nos encontramos es que reponemos un elemento y nos roban tres. Hemos tomado la decisión de empezar a realizar tareas de señalización en los desagües que carezcan de tapas. Vamos a colocar carteles que no sólo indiquen ‘zona de peligro’, sino también que esos elementos fueron robados”, indicó.
Según datos de la SAT, cada tapa de hierro fundido cuesta alrededor de $200.000, sin contar los gastos de instalación y, en algunos casos, el reemplazo del marco. El valor del material en el mercado ilegal convierte a estos elementos en un objetivo frecuente de los robos.
Caponio también informó que la empresa habilitará en las próximas horas una línea telefónica para que los vecinos puedan denunciar bocas de tormenta sin tapa. Además, reconoció que el caso del niño no fue un hecho aislado. “Este caso nos movilizó a todos, pero también hemos recibido reportes de motociclistas que sufrieron accidentes y de automovilistas que registraron daños en sus vehículos al atravesar estos pozos que se generan por la falta de estos elementos”, expresó.
De acuerdo con información policial, la mayor cantidad de denuncias por robo de tapas se concentra en barrios de la periferia de la capital y en distintas localidades del Gran San Miguel de Tucumán.
La oposición cuestionó la respuesta oficial
Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos consideraron que el episodio dejó en evidencia un problema estructural que excede el robo de tapas. Ambos apuntaron contra la falta de mantenimiento y la demora de los organismos públicos para responder a los reclamos de los vecinos.
“El abandono de la infraestructura urbana y la reacción tardía del Estado se han vuelto situaciones demasiado comunes. Los vecinos reclaman durante meses o años, pero las respuestas aparecen recién cuando alguien resulta herido. ¿Tiene que ocurrir una tragedia para que el Estado actúe con rapidez?”, plantearon.
Canelada sostuvo que el accidente no puede analizarse como un hecho aislado. “No podemos analizar lo ocurrido como un hecho aislado ni reducir todo a la falta de una tapa. Había una abertura peligrosa, líquidos cloacales, ausencia de señalización y vecinos que venían reclamando. Es una combinación de riesgos que el Estado tenía la obligación de prevenir”, afirmó.
Cobos, por su parte, rechazó que los robos expliquen por sí solos el deterioro de la infraestructura. “Pueden existir y deben investigarse, pero no pueden utilizarse como una explicación para todo. Hay bocas sin tapa, pero también estructuras deterioradas, tapas hundidas, pozos que se agrandan, calles que ceden, pérdidas de agua y líquidos cloacales que permanecen durante meses. El problema no empieza ni termina con el robo de una tapa”, señaló.
El edil también remarcó que la responsabilidad estatal continúa incluso cuando una tapa fue sustraída. “Tiene que detectar el peligro, señalizarlo inmediatamente y reparar la infraestructura. No puede dejar un pozo abierto hasta que un vecino lo denuncie diez veces o hasta que alguien caiga adentro”, concluyó.
