La Justicia Penal de Tucumán dispuso la elevación a juicio oral y público de la causa que investiga el violento enfrentamiento armado registrado en septiembre de 2025 en el predio La Foresta, sobre la Ruta Nacional 9. En el marco de las audiencias de control de acusación y admisibilidad de pruebas, la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de Mariano Fernández, solicitó formalmente una pena de seis años y seis meses de prisión efectiva para Juan Facundo Ale —hijo del fallecido Rubén «Mono» Ale— por los delitos de portación ilegal de arma de guerra y abuso de armas de fuego en calidad de autor. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal requirió condenas de cuatro años y seis meses de prisión para Jorge Alberto Alejandro Anaya González y Juan Nicolás Vargas como coautores de portación ilegal de arma de guerra.
El hecho bajo juzgamiento ocurrió durante la mañana del 21 de septiembre de 2025, cuando finalizaba un evento en el mencionado salón. De acuerdo con el requerimiento fiscal, Anaya González y Vargas se encontraban en el predio portando armas de guerra sin autorización, momento en el que Ale arribó al estacionamiento a bordo de un automóvil Volkswagen Passat. Tras descender armado, el imputado efectuó múltiples disparos contra los otros dos acusados, impactando un proyectil en la pierna de Anaya González y desencadenando un tiroteo cruzado con armas de alto calibre que puso en riesgo a los asistentes. El juez de la causa convalidó la acusación pública y la totalidad de los elementos probatorios para la apertura del debate oral.
Contexto histórico y trasfondo judicial
El procesamiento de Juan Facundo Ale y el posterior pedido de juicio oral se enmarcan en un extenso historial de conflictividad violenta vinculada al clan Ale y a disputas territoriales en el Gran San Miguel de Tucumán. Tras el enfrentamiento registrado en La Foresta a fines de 2025, el acusado permaneció prófugo de la Justicia durante varios días —lo que motivó la emisión de un pedido de captura y una recompensa estatal de $15 millones— hasta que fue localizado y detenido en una zona rural del departamento Leales. La investigación fiscal no solo analizó el cruce de disparos en el salón de eventos, sino también posibles motivaciones ligadas a fricciones entre facciones antagónicas con ramificaciones en la barra brava del club San Martín y acusaciones cruzadas por el control de actividades ilícitas en la capital provincial. La elevación a juicio marca un paso determinante en la persecución penal de delitos con armas de guerra en el ámbito provincial
