La imagen se repite desde hace una semana y se desbordó este jueves. Grupos de jóvenes, muchos con flotadores, aletas o simplemente en ropa ligera, se lanzan al mar desde las playas de Fnideq (Castillejos) y nadan durante horas hasta alcanzar el litoral ceutí, en la costa española. Otros caminan por tierra firme y rodean el espigón fronterizo del Tarajal. Algunos gritan “¡Viva España!” al pisar suelo español. La Guardia Civil y los servicios de emergencia, superados, solo logran atender a los heridos y recuperar cuerpos.
Según las cifras que maneja el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, entre 1.500 y 2.000 personas entraron de forma irregular en los últimos diez días. El jueves la cifra se disparó: en el pico de la mañana llegaron a estimarse unos 200 por minuto. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), con capacidad oficial de algo más de 500 plazas, aloja ya más de 700 personas y centenares más esperan en la calle. Los centros de menores están aún más tensionados. Varias personas han muerto en el intento solo en estas jornadas; en lo que va de 2026 ya se contabilizan cerca de 30 cadáveres recuperados en esas aguas.
El perfil es claro: hombres jóvenes, en su mayoría marroquíes de entre 16 y 30 años, algunos menores no acompañados, unos pocos argelinos y un número reducido de mujeres. Muchos llegan exhaustos tras seis u ocho horas de nado. “Aquí no hay futuro”, repiten cuando se les pregunta.
La crisis no nace de la nada. El 29 de junio de 2026 (hecha pública el 8 de julio) la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fijó doctrina: no cabe aplicar el “rechazo en frontera” —las conocidas devoluciones en caliente— a quienes intentan entrar a nado a Ceuta o Melilla. La disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, argumentó el alto tribunal, se refiere a quienes superan “elementos de contención fronterizos” físicos (las vallas). En el mar no hay tal elemento, por lo que debe seguirse el procedimiento ordinario de devolución, con todas las garantías. El fallo ha sido interpretado por redes de tráfico y por los propios jóvenes como una ventana de oportunidad. Las redes sociales amplificaron el mensaje: videos de quienes ya lo lograron, rutas detalladas, la sensación de que, una vez dentro, el retorno no es inmediato.
Lo advertí.
⁰Desde principios de año vengo advirtiendo de lo que iba a ocurrir en Ceuta; todo se estaba gestando y ha culminado exactamente como predije. El Gobierno también lo sabía —tengo plena constancia de ello—. Valoraron la amenaza internamente y no hicieron absolutamente… pic.twitter.com/k8KO1orHTg— Rubén Pulido (@rubnpulido) July 30, 2026
El contexto histórico es inevitable. En mayo de 2021, más de 8.000 personas —en su mayoría marroquíes— entraron en Ceuta en apenas dos días. Aquella avalancha coincidió con el momento de máxima tensión diplomática tras la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Marruecos relajó el control fronterizo. La crisis terminó, dos años después, con el reconocimiento español del plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Desde entonces, la cooperación migratoria ha sido presentada por ambos gobiernos como “ejemplar”. Hoy esa cooperación vuelve a ponerse a prueba.
La coincidencia temporal también pesa. El 30 de julio se celebra el aniversario de la entronización de Mohamed VI. El monarca ofreció su discurso del Trono en Tetuán, a unos 30 kilómetros de la frontera. Horas después, la avalancha se intensificó. Fuentes españolas y marroquíes coinciden en señalar a las “organizaciones criminales” que instrumentalizan la sentencia del Supremo. Fuentes locales de la Guardia Civil, en cambio, describen una pasividad notable de las fuerzas auxiliares marroquíes en algunos tramos. Madrid y Rabat, en todo caso, han acordado este mismo jueves “agilizar la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente”. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará a Ceuta.
Las causas de fondo son más profundas. Marruecos tiene una tasa de desempleo juvenil que ronda el 40 %. Una generación completa creció mirando a Europa como la única salida real. Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África, se convierten en el punto más cercano y simbólico de ese sueño. Cuando se combina la desesperación económica, un fallo judicial que cambia las reglas del juego y una frontera que, por un momento, parece permeable, el resultado es previsible.
Qué se abre a partir de ahora
A corto plazo, la prioridad es operativa: devolver a quienes puedan ser devueltos con agilidad, reforzar medios en Ceuta y evitar que el CETI y los centros de menores colapsen del todo. Vivas y la Junta de Portavoces de la ciudad (incluido el PSOE local) piden declaración de emergencia nacional, mando único y, en algunos casos, despliegue del Ejército. El Gobierno central lo descarta: la legislación de seguridad nacional no contempla los flujos migratorios como supuesto de emergencia. La tensión política interna en España ya está servida.
A medio plazo, el debate se moverá hacia la reforma de la Ley de Extranjería. El propio Supremo dejó la puerta abierta: si se instalasen “elementos de contención en el mar”, el rechazo en frontera podría volver a aplicarse. Es una solución técnica posible, pero costosa y polémica. También se intensificará la presión sobre la cooperación con Marruecos. Rabat ha demostrado, en 2021 y ahora, que controla el grifo. Cada crisis migratoria en Ceuta o Melilla es, en la práctica, un recordatorio de que la relación bilateral no es solo comercial o de seguridad: es geopolítica.
A largo plazo, el problema no desaparecerá. Las desigualdades demográficas y económicas entre las dos orillas del Estrecho seguirán empujando a jóvenes marroquíes (y a otros) hacia Europa. Ceuta, con poco más de 80.000 habitantes, no puede absorber reiteradamente el equivalente al 2 % de su población en pocos días. La Unión Europea seguirá mirando de reojo. Y Marruecos continuará utilizando, con mayor o menor discreción, la gestión de la frontera como carta de negociación.
Lo que ocurre estos días en el Tarajal no es solo una crisis humanitaria ni un problema de orden público. Es la expresión concreta de una frontera que España y Europa no pueden cerrar del todo y que Marruecos no está dispuesta a gestionar de forma permanente sin contrapartidas. Cada oleada deja muertos, tensiona a la población ceutí, polariza la política española y pone a prueba la solidez real de la relación con Rabat.
