Tres efectivos de la Policía de Tucumán quedaron bajo sospecha por la muerte de Fabricio Alexander Andrade, de 18 años, quien falleció tras recibir un disparo en el barrio Ciudadela. Los uniformados fueron separados de la fuerza luego de reconocer su intervención en el hecho, ocurrido en la madrugada del domingo.
Todo se inició cuando vecinos alertaron a la Policía sobre un choque de motocicleta contra un árbol en la esquina de Lamadrid y Libertad. El joven fue identificado y trasladado al hospital Padilla, donde los médicos constataron que presentaba un balazo a la altura del omóplato derecho. Andrade no sobrevivió a la herida.
Según la investigación, Andrade llegó al centro asistencial acompañado por un adolescente de 16 años. Al ser interrogado, este menor admitió que ambos habían intentado asaltar a dos jóvenes que caminaban por la esquina de Próspero Mena y San Lorenzo. Esta versión permitió reconstruir los hechos.
Mientras avanzaba la pesquisa, tres policías de la seccional 14ª se presentaron ante sus superiores y reconocieron una posible vinculación con el caso. Dos de ellos, junto a una compañera que no se encontraba de servicio, habían salido en un móvil policial para comprar comida cerca del parque Avellaneda. Al llegar a la mencionada esquina, observaron a dos jóvenes que se disponían a asaltar a dos chicas. Detuvieron el vehículo, se identificaron como policías y, ante la resistencia de los sospechosos, efectuaron disparos al aire, según su relato.
Los supuestos asaltantes huyeron en la motocicleta, abandonando en el lugar un casco y una mochila de mensajería. Los efectivos indicaron que no los persiguieron y permanecieron asistiendo a las víctimas del intento de robo. Horas después, al tomar estado público el caso, decidieron aportar su versión.
Sin embargo, varios elementos generan interrogantes. La versión del adolescente coincide con imágenes de una cámara de seguridad de la zona, que muestran a los dos jóvenes escapando en la motocicleta y sugieren que Andrade se desvaneció mientras conducía, en lugar de sufrir un accidente convencional.
Entre las dudas principales figura la demora en informar a los superiores sobre lo ocurrido. Además, los peritos consideran poco probable que el disparo haya sido al aire, dada la trayectoria de la herida en línea recta. Durante la autopsia no se halló el proyectil, un elemento clave para determinar el origen del arma. Las víctimas del intento de robo fueron identificadas, pero optaron por no radicar denuncia.
El fiscal Pedro Gallo dispuso la liberación del adolescente involucrado y, por el momento, no adoptó medidas contra los policías hasta reunir más pruebas. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, ordenó separarlos de la fuerza e inició una investigación administrativa paralela. “Si cometieron alguna irregularidad, deberán responder ante la Justicia. Por lo pronto, estamos a disposición para esclarecer este hecho”, señaló el funcionario.
Este caso, en el que se investiga un posible uso excesivo de la fuerza letal por parte de efectivos policiales, evoca el drama vivido hace años con la muerte de Facundo Ferreira, el niño de 12 años baleado en la nuca en la capital tucumana en marzo de 2018. En aquel episodio, también bajo sospecha de policías y en medio de controversias sobre la versión oficial, se puso de manifiesto la profunda división social y la necesidad de rigor en la investigación de acciones institucionales que involucran la pérdida de vidas, especialmente de jóvenes. Ambos hechos subrayan los desafíos persistentes en el control del uso de la fuerza pública y la exigencia de transparencia para preservar la confianza en las instituciones.
