La falta de planificación y la histórica ausencia de coordinación entre el desarrollo inmobiliario y la infraestructura de servicios públicos en San Miguel de Tucumán han quedado expuestas en un severo diagnóstico técnico. En un informe de inusual contundencia presentado ante la Legislatura y el municipio en el marco del debate por el nuevo Código de Planeamiento Urbano, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) advirtió sobre el inminente riesgo de colapso de las redes sanitarias. Como conclusión principal, la empresa estatal recomendó formalmente a la intendencia de la capital suspender la autorización de nuevos emprendimientos edilicios en las zonas críticas hasta tanto no se ejecuten las obras de infraestructura de agua, cloacas y desagües pluviales necesarias.
El estudio sociodemográfico y técnico toma como eje testigo el corredor de la avenida Mate de Luna, el sector de mayor demanda y cotización inmobiliaria de la ciudad. Para el tramo comprendido entre la avenida Colón y el Camino del Perú, la SAT trazó una proyección alarmante: comparó la situación actual —caracterizada por 432 viviendas de planta baja, con un promedio de cinco habitantes por unidad y una población estimada de 2.160 personas— con un escenario hipotético de ocupación plena bajo la normativa de edificación en altura. Si se habilitara la construcción de 400 edificios de 150 departamentos cada uno, la zona sumaría 64.800 unidades habitacionales. Esto implicaría un salto a 194.400 habitantes; es decir, una densidad poblacional 90 veces mayor que la actual. En una hipótesis de desarrollo más moderada, limitada a edificios de hasta cuatro pisos, la proyección arroja de todos modos un universo de 33.600 nuevos residentes, lo que exigiría de manera inmediata la perforación de al menos 15 pozos de agua adicionales solo para abastecer ese sector.
El relevamiento de la empresa estatal detalla que en el tramo de Mate de Luna que va desde la avenida Colón hasta la avenida Alem ya se registra un proceso de «desarrollo inmobiliario acelerado», con una decena de torres de más de 20 pisos, oficinas y locales comerciales en fase de construcción o recientemente inauguradas. De acuerdo con el diagnóstico de la SAT, el sector privado prioriza la rentabilidad y la velocidad constructiva de las unidades habitacionales sin que se ajusten de manera paralela las capacidades de los servicios públicos troncales ni la infraestructura vial circundante. Actualmente, el abastecimiento de agua potable de ese corredor clave depende de apenas dos pozos —denominados Maternidad y UNT— que producen en conjunto 140 metros cúbicos por hora para satisfacer una demanda actual de 8,1 metros cúbicos. No obstante, la habilitación de nuevas fuentes de captación subterránea tropieza con la escasez de terrenos fiscales disponibles y la complejidad técnica que imponen los acuíferos de la zona, ubicados a profundidades de entre 320 y 440 metros.
La delimitación de las áreas críticas: el mapa de la «zona roja»
El equipo técnico de la SAT clasificó el ejido de San Miguel de Tucumán en tres categorías según la capacidad de recepción de sus redes sanitarias, delimitando un preocupante mapa de restricciones de factibilidad:
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Zona No Apta («Zona Roja»): Comprende tres amplios sectores del macro y microcentro que presentan saturación estructural y riesgo hidráulico severo. Incluye el Cuadrante Norte (entre las calles Italia, Marcos Paz, Suipacha y Camino del Perú), el Cuadrante Centro (entre Mendoza, San Lorenzo, Suipacha-San Luis y Camino del Perú) y el Cuadrante Microcentro (delimitado por las avenidas Italia, Roca, Soldati-Brígido Terán y el eje San Luis-Suipacha). Para estas áreas, la SAT desaconseja de forma tajante la radicación de nuevos proyectos edilicios de gran escala.
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Zona con Restricciones: Integrada por 11 cuadrantes periféricos al área céntrica (en torno a ejes como Francisco de Aguirre, Alsina, Larrea y el Canal Sur). Son sectores condicionados a la realización de estudios de impacto específicos o a la ejecución de obras de infraestructura previas por parte de los desarrolladores.
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Zona Apta: El estudio identificó un único cuadrante con capacidad de infraestructura suficiente para absorber nuevas demandas de servicios, delimitado por la avenida Francisco de Aguirre, calle Italia, Balcarce y Suipacha. Paradójicamente, este sector se ubica fuera del radar de interés de las empresas desarrolladoras y del mercado inmobiliario suntuoso.
Diagnóstico de infraestructura y el plan de mitigación
Más allá de la avenida Mate de Luna, el informe técnico de la SAT diagnosticó deficiencias crónicas en toda la capital, tales como redes distribuidoras antiguas y sobredemandadas, persistentes sectores con baja presión de agua y nuevas urbanizaciones residenciales que se conectan al sistema sin nexos troncales adecuados.
En materia de efluentes cloacales, se precisó que la planta de tratamiento San Felipe —que procesa los líquidos de las cuencas Sudoeste, Norte, Oeste y del Casco Viejo mediante colectores de hasta 1.200 milímetros de diámetro— opera al límite de su capacidad de diseño, proyectada para 450.000 habitantes. Para mitigar esta situación, la empresa estatal contempla un plan de ampliación del predio de 13 a 33 hectáreas, la renovación de 5.000 metros de cañerías obsoletas y la optimización de las lagunas de tratamiento en la planta depuradora de El Manantial.
A ello se suma el programa de inversiones para el período 2024-2026, financiado con recursos propios y aportes del Tesoro provincial, que comprende 32 obras de perforación y equipamiento civil de pozos en distintos barrios de la capital, las cuales en su mayoría se encuentran finalizadas o en su etapa de ejecución final.
Los cuatro factores de ineficiencia urbana
La SAT identificó además cuatro prácticas comerciales e informales arraigadas que agravan la presión sobre el sistema y atentan contra el correcto funcionamiento de las redes de saneamiento:
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Lavaderos clandestinos de vehículos: Actividades comerciales irregulares que consumen agua potable de red de forma descontrolada sin sistemas de recirculación. La SAT propuso un abordaje conjunto de fiscalización con el municipio para sancionar y reordenar esta actividad.
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Llenado de piscinas en altura: El uso intensivo de agua de red para el llenado de piletas en grandes edificios residenciales durante los picos estivales de consumo humano. La empresa estatal aboga por una regulación estricta que priorice el consumo de higiene y saneamiento elemental por sobre el recreativo.
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Lavado de veredas con manguera: Prácticas ineficientes de limpieza domiciliaria pública utilizando mangueras conectadas de manera directa a la red, lo que genera un derroche crítico de agua que ya ha pasado por costosos procesos de potabilización.
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Bombeo ilegal de napas a la red cloacal: La derivación de aguas freáticas del subsuelo de obras en construcción hacia los colectores sanitarios públicos. La SAT recordó que las redes de cloacas de la ciudad están diseñadas de forma exclusiva para el transporte de efluentes domésticos y que esta sobrecarga acelera el desgaste y la rotura de los conductos.
Un requerimiento financiero de $15.700 millones
La viabilidad del crecimiento de San Miguel de Tucumán queda supeditada, según la SAT, a una inversión pública y privada estimada en $15.700 millones de pesos en valores históricos.
El plan de obras mínimas requeridas incluye el tendido de una nueva cañería distribuidora de 400 milímetros de diámetro a lo largo de 3.000 metros sobre la avenida Mate de Luna, la perforación de nuevos pozos con un costo de $7.500 millones, redes de agua adicionales por $3.000 millones y la extensión de colectores cloacales de gran porte. La inversión global se desglosa en $10.500 millones para el sistema de agua potable y $5.200 millones para el sistema cloacal.
Hasta tanto estos fondos no se traduzcan en obras civiles finalizadas en el territorio, la advertencia técnica de la SAT es categórica: el desarrollo constructivo de la capital tucumana debe ingresar en una etapa de estricta moratoria para evitar un colapso de salubridad pública irreversible.
