La causa federal que investiga el hallazgo de 66 kilogramos de cocaína en Salta, bajo la sospecha de una violenta «mejicaneada» entre bandas delictivas, derivó en un escándalo institucional de proporciones para la Policía de Tucumán. En las últimas horas, la investigación penal preparatoria determinó que los cuatro efectivos tucumanos que se presentaron de manera irregular en la escena del crimen se movilizaban en una camioneta de alta gama que tenía pedido de secuestro activo por robo en Córdoba y que debía estar bajo custodia judicial.
El caso testigo se desencadenó el pasado domingo en la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad salteña de El Potrero, a escasos 20 kilómetros del límite interprovincial. Allí, una Renault Duster —conducida por la esteticista Delia Yolanda Tame y en la que viajaba la médica de Gendarmería Nacional, Ivana Georgina Portal— fue interceptada a los tiros por dos vehículos que pretendían apoderarse del cargamento de estupefacientes oculto en un doble fondo. Tras lograr eludir la emboscada, las mujeres buscaron refugio en una propiedad rural, cuyos dueños dieron pronto aviso a las fuerzas de seguridad locales.
Al arribo de la policía salteña, irrumpió en el lugar una camioneta Toyota SW4 blanca con cuatro uniformados pertenecientes a la Policía de Tucumán. Mientras dos permanecieron en el habitáculo, los otros dos manifestaron que realizaban patrullajes preventivos y que acudieron tras el supuesto aviso de un automovilista de identidad desconocida. Sin embargo, al comprobarse que el rodado de las mujeres ocultaba los 66 kilos de cocaína, la comitiva tucumana abandonó el lugar de manera apresurada y sin dejar constancia oficial de sus actuaciones en ninguna de las jurisdicciones.
Esta anomalía procedimental motivó la inmediata intervención del fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, quien ordenó el secuestro de las armas reglamentarias de los siete efectivos que prestaban servicios en el destacamento fronterizo involucrado, además de la incautación de los libros de guardia y del vehículo en el que se trasladaban. Durante la audiencia formal, el representante del Ministerio Público Fiscal reveló que la versión de los policías carecía de sustento documental y que la Toyota SW4 utilizada no pertenecía a los registros de la fuerza, sino que se trataba de un rodado robado.
En paralelo, la Fiscalía Federal de Salta mantiene bajo estricto análisis dos hipótesis criminales sobre el rol de los policías, quienes ya fueron separados de la fuerza: la primera infiere que habrían sido convocados por un eslabón de la banda, identificado como Jorge «Xuxa» Troichuque, para brindar apoyo logístico en el robo del cargamento; la segunda línea plantea un presunto pacto de impunidad previo con las transportistas de la droga que falló al ejecutarse el ataque de la banda rival.
El entramado de irregularidades se agravó al rastrearse el origen de la Toyota SW4. El vehículo había sido recuperado el pasado 16 de junio por las autoridades tucumanas en el marco del Operativo Lapacho. En aquella oportunidad, se determinó que la camioneta había sido robada en la provincia de Córdoba, que portaba patentes apócrifas y que estaba siendo trasladada hacia la frontera con Bolivia para su comercialización ilegal. Por aquel hecho, el fiscal tucumano Carlos Saltor había logrado dictar la prisión preventiva del conductor, un ciudadano jujeño imputado por encubrimiento, y había dispuesto expresamente que el automotor permaneciera bajo estricto secuestro judicial en un depósito oficial.
La utilización de este vehículo de procedencia ilícita por parte de los policías tucumanos para cruzar los límites provinciales, sin autorización judicial alguna, configuraría un nuevo tipo penal. Ante este escenario, el fiscal Saltor formalizó una denuncia para que se investigue penalmente la conducta de los efectivos, un expediente que por razones de competencia quedará bajo la órbita de la fiscal instructora Mariana Rivadeneira. Mientras tanto, el legítimo propietario cordobés de la camioneta enfrenta una nueva dilación para recuperar su patrimonio, ya que el rodado ha vuelto a quedar incautado como evidencia clave en los tribunales federales de Salta a la espera de las pericias balísticas definitivas.
