La Corte Suprema de Justicia de Tucumán lanzó una licitación pública para la adquisición e instalación de un sistema de control de accesos en el edificio del Fuero Penal, ubicado en calle España 432. La inversión total supera los 178 millones de pesos y busca fortalecer las condiciones de seguridad y control en uno de los edificios judiciales más sensibles de la provincia.
La medida fue oficializada mediante la Acordada N° 492/2026, firmada el 4 de junio pasado, y recibió el visto bueno del Tribunal de Cuentas el 11 de junio, órgano que no formuló objeciones a la continuidad del proceso.
El procedimiento, autorizado bajo la Licitación Pública N° 10/2026, contempla la provisión e instalación del equipamiento necesario para mejorar el acceso al edificio que alberga dependencias del fuero criminal.
Según la documentación verificada por el Tribunal de Cuentas, un monto de aproximadamente 48millonesseraˊimputadoalpresupuestovigentedelPoderJudicial,mientrasquelosrestantes130 millones se financiarán con recursos provenientes de la cuenta de Excedentes Financieros de la Ley 6.930, depositados en Banco Macro.
El control previo incluyó análisis técnicos realizados por diversas áreas del Tribunal. El Departamento de Ingenieros Fiscales no detectó inconvenientes técnicos, mientras que el Departamento de Informática consideró adecuados los requerimientos tecnológicos y los costos estimados. Por su parte, el Departamento de Contadores Fiscales validó las partidas presupuestarias, aunque advirtió que al momento de la adjudicación se debe verificar el crédito suficiente y la asignación definitiva de los fondos.
Con base en estos informes y el dictamen favorable de la Asesoría Jurídica, el Tribunal de Cuentas autorizó la prosecución del trámite para la licitación promovida por la Corte Suprema.
Esta inversión se orienta a la modernización y fortalecimiento de la seguridad en el ingreso a los Tribunales Penales, sede donde se tramitan las principales causas criminales de Tucumán, reflejando un compromiso con la mejora continua de la infraestructura judicial provincial.
