El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso, mediante la Comunicación “A” 8244, que las entidades financieras puedan radicar en cualquier sucursal operativa del país las cuentas abiertas de manera remota, independientemente del domicilio del titular. La medida, que busca mitigar la carga tributaria provincial y municipal sobre el sistema financiero, representa un desafío significativo para jurisdicciones como Tucumán, que figura entre las de mayor presión impositiva sobre la actividad bancaria.
Según un relevamiento de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) difundido por el propio BCRA, Tucumán aplica una alícuota del 9% sobre los ingresos brutos de las entidades financieras por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), igual que otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y varias más. Solo La Pampa registra una tasa superior, del 9,10%. Esta carga se traslada directamente al costo del crédito y encarece los servicios financieros para familias y empresas locales.
Con casi dos tercios de las nuevas cuentas originadas de forma no presencial, los bancos ahora podrán asignarlas a sucursales ubicadas en distritos con menor presión fiscal. La norma exige únicamente informar al cliente en el momento de la asignación. De esta manera, las entidades financieras podrán optimizar su estructura impositiva y reducir costos operativos que hoy gravan fuertemente la oferta de préstamos.
El riesgo para la recaudación provincial
Para Tucumán, el impacto potencial es doble. Por un lado, podría traducirse en una merma en la recaudación del IIBB derivada de la actividad bancaria, un tributo que representa una fuente relevante de ingresos provinciales. Por otro, la medida podría incentivar a los bancos a concentrar operaciones en jurisdicciones más amigables fiscalmente, lo que limitaría el arraigo local y la disponibilidad de crédito a tasas más competitivas en la provincia.
En un contexto de reclamos históricos del sector financiero contra la “claramente abusiva” carga tributaria en varias provincias, la decisión del BCRA endurece la presión sobre los distritos con alícuotas elevadas. Fuentes del ámbito bancario sostienen que esta desregulación contribuirá a bajar costos y, eventualmente, a trasladar beneficios a las tasas de interés que pagan los usuarios.
Hasta el momento no se registraron declaraciones oficiales del gobierno provincial sobre el alcance concreto de la norma en el territorio. Sin embargo, el cambio normativo se enmarca en un esfuerzo nacional por reducir distorsiones que encarecen el financiamiento en el interior del país.
Especialistas consultados coinciden en que provincias como Tucumán, con una economía que depende en buena medida de la agroindustria y el empleo formal, podrían ver oportunidades si logran atraer mayor actividad financiera mediante una eventual revisión de su esquema impositivo. De lo contrario, el riesgo es una mayor fuga de base imponible hacia jurisdicciones con menor carga.
La iniciativa del BCRA refuerza el debate sobre la competitividad fiscal entre provincias y su efecto en el acceso al crédito, un factor clave para el desarrollo productivo en regiones como el Norte argentino.
