El incumplimiento de la obligación alimentaria por parte de los progenitores no convivientes se ha consolidado como un factor estructural de vulnerabilidad económica para las jefas de hogar. Según alertó en diálogo con radio LV12 la abogada y fundadora de la organización Alas en Acción, Tamara Bezares, el hueco financiero derivado del impago paternal obliga a las madres a recurrir a créditos personales y sistemas de financiamiento no bancarios de altas tasas para cubrir consumos esenciales de la canasta básica, tales como alimentos y medicamentos. En la Argentina, casi el 90 % de los hogares monoparentales están a cargo de mujeres, de los cuales apenas el 36 % percibe de manera regular la cuota correspondiente.
La problemática se profundiza por la asimetría en el mercado laboral y la sobrecarga de las tareas de cuidado, las cuales condicionan a las mujeres a aceptar empleos de menor carga horaria, mayor precarización y salarios más bajos. Este escenario se traduce en un endeudamiento acumulativo: más de la mitad de los hogares monomarentales que tomaron crédito en el último año recurrieron a mecanismos informales o prestamistas no regulados como estrategia de subsistencia cotidiana. De esta forma, el crédito deja de ser un instrumento de inversión o consumo extraordinario para transformarse en un mecanismo de cobertura frente a la morosidad del progenitor.
Asimismo, la especialista remarcó la urgencia de fortalecer la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor ante las prácticas abusivas o de hostigamiento financiero ejercidas contra las deudoras, exigiendo un trato digno e información clara sobre los costos financieros. En esa línea, cuestionó la retracción de las políticas públicas de acompañamiento y contención estatal hacia este sector, advirtiendo que la deuda en los sectores vulnerables dejó de ser un problema de administración individual para convertirse en un fenómeno de emergencia social.
