La Justicia de Tucumán condenó a dos efectivos policiales por la detención irregular y la agresión física sufrida por Roberto Andrés Marchese, tras un accidente de tránsito ocurrido en marzo de 2023 en Monteros. El fallo judicial, emanado del acuerdo de un juicio abreviado homologado por el juez Mario Velázquez, pone en evidencia falencias en la investigación penal inicial y reactiva el debate sobre el accionar policial y el control institucional en la provincia.
Marchese, de 32 años, protagonizó un siniestro el 27 de marzo de 2023 en la intersección de la ruta nacional 38 y calle Italia. Permaneció en el lugar, colaboró con el procedimiento y fue trasladado para exámenes médicos y toxicológicos.
Sin embargo, al arribar a la dependencia policial, Marchese, afectado emocionalmente y en estado de shock, tuvo dificultades para aportar la muestra de orina solicitada. Los policías decidieron detenerlo bajo una supuesta contravención de “alterar el orden público y provocar disturbios”, acusación que la Justicia determinó carecía de sustento real, inventada para justificar una detención ilegal.
El oficial principal William Martínez elaboró un sumario con falsedades ideológicas, mientras que el agente Santiago Barrionuevo aportó testimonios falsos para sostener la acusación. Estos documentos contrastan con las propias actuaciones derivadas del accidente vial, que no registraron alteraciones del orden público imputables a Marchese.
Durante su reclusión en un calabozo con otros 17 detenidos, Marchese fue víctima de una violenta agresión que le ocasionó lesiones graves, constatadas mediante informes médicos. Los análisis realizados inmediatamente tras el accidente no registraron daños compatibles con una golpiza, pero las heridas aparecieron horas después, evidenciando la violencia sufrida en la comisaría.
La Justicia concluyó que la conducta de los policías fue determinante para que la agresión ocurriera al permitir que la víctima permaneciera en condiciones que facilitaron el ataque.
El juez Velázquez cuestionó la causa inicial, que fue archivada a pesar de contar con pruebas suficientes para su prosecución, y llamó a reflexionar sobre las falencias institucionales en la investigación de delitos cometidos por fuerzas de seguridad. Subrayó el impacto que estos hechos generan en la confianza pública y en el respeto al Estado de Derecho.
Como resultado del acuerdo judicial, William Martínez fue condenado a un año de prisión condicional por falsedad ideológica y participación necesaria en lesiones leves, mientras que Santiago Barrionuevo recibió una pena de seis meses condicional por falso testimonio y participación en las agresiones.
Ambos deberán cumplir con reglas de conducta, indemnizar económicamente a la víctima y abstenerse de cualquier contacto con él.
El fallo deja en evidencia la imperiosa necesidad de garantizar investigaciones exhaustivas para evitar que casos con pruebas concluyentes sean archivados prematuramente y que la justicia quede relegada.
