Otro bancario bendecido: Petraglia, presunto brazo ejecutor del armado en la causa Vélez, tiene 8 inmuebles a su nombre

El operador vinculado al diputado nacional Carlos Cisneros e imputado en la causa por asociación ilícita y trata de personas, acumula ocho inmuebles registrados a su nombre. Entre ellos figura un lote en el Barrio Cerrado Alto Verde I de Cevil Redondo, donde reside la secretaria general de La Bancaria Tucumán, Cecilia Sánchez Blas. El caso Milagros Castellote.

Juan Federico Petraglia, empleado de la Caja Popular de Ahorros en uso de licencia gremial y señalado como operador del diputado nacional Carlos Cisneros, figura como titular registral del cien por ciento del dominio de ocho inmuebles según los asientos del Registro Inmobiliario de la Provincia de Tucumán, según informó ElTucumano.

Los bienes fueron inscriptos entre 2020 y 2025, cuando Petraglia tenía entre 21 y 25 años. Se trata de cuatro unidades habitables, dos cocheras de subsuelo y dos terrenos, distribuidos en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Tafí del Valle. La información surge de informes de dominio obtenidos por el diario El Tucumano, conforme al artículo 27 de la Ley 17.801.

Los ocho inmuebles a nombre de Petraglia

  • Rivadavia 692, San Miguel de Tucumán — Departamento de 24,04 m² (Matrícula N-22412/012). Escritura N° 33 del 13/02/2025. Precio declarado: $450.000.
  • General Paz 574, San Miguel de Tucumán — Departamento de 86,16 m² (Matrícula S-46605/103). Escritura N° 16 del 22/03/2024 (en comisión). Precio declarado: $7.300.000.
  • General Paz 574, San Miguel de Tucumán — Departamento de 80,68 m² (Matrícula S-46605/107). Escritura N° 15 del 22/03/2024 (en comisión). Precio declarado: $6.700.000.
  • General Paz 574, San Miguel de Tucumán — Cochera de subsuelo de 24,44 m² (Matrícula S-46605/027). Escritura N° 30 del 08/05/2024 (en comisión). Precio declarado: $5.000.000.
  • José I. Thames, Yerba Buena — Unidad con patio de 59,46 m² + 86,80 m² (Matrícula T-37781/071). Escritura N° 50 del 16/08/2024. Precio declarado: $12.000.000 (operación conjunta).
  • José I. Thames, Yerba Buena — Cochera de subsuelo de 18,34 m² (Matrícula T-37781/061). Escritura N° 50 del 16/08/2024. Precio declarado: $12.000.000 (operación conjunta).
  • La Quebradita, Tafí del Valle (Ruta 307) — Terreno de 2.342 m² (Matrícula T-19136). Escritura N° 394 del 27/07/2020. Precio declarado: $1.290.000.
  • Barrio Cerrado Alto Verde I, Cevil Redondo — Lote de 447,98 m² (Matrícula T-47718). Escritura N° 780 del 16/12/2020. Precio declarado: $600.000.

Tres de las unidades se adquirieron bajo la figura de “compra en comisión” en el edificio General Paz 574, donde funciona el multimedio Enterate, en el que Carlos Cisneros admitió tener participación importante.

Petraglia y Castellote: engranajes clave en el armado de la causa Vélez

Juan Federico Petraglia y María de los Milagros Castellote ocupan roles centrales y complementarios en la causa federal que investiga una presunta asociación ilícita liderada por el diputado nacional Carlos Cisneros, orientada a la fabricación de denuncias falsas con fines extorsivos, entre ellas la presentada contra los jugadores de Vélez Sarsfield.

Petraglia, señalado como operador judicial y brazo ejecutor del entramado, actuó de manera previa a la denuncia formal. El 4 de marzo de 2024 —dos días antes de que Lourdes Parache radicara la denuncia por presunta violación en manada—, llamó al Hotel Hilton consultando por las cámaras de seguridad, en lo que la Justicia interpretó como diligencias preparatorias del armado. Es imputado por asociación ilícita y requerido en indagatoria por trata de personas. Además, figura con un amplio patrimonio inmobiliario adquirido en pocos años.

Milagros Castellote (izquierda) junto a otra empleada bancaria en el escrache al periodista Germán García Hamilton de El Federalista. En esa manifestación también fueron escrachados Julio Valenzuela y el juez Augusto Paz Almonacid.

Por su parte, Castellote fue la testigo clave presentada por la denunciante Lourdes Parache. Pese a conocer de primera mano —a través de audios y mensajes— que la versión de la supuesta violación era falsa (llegó a escribirle a su novio el 14 de marzo de 2024: “No la violaron” y admitió borrar evidencia), prestó declaración testimonial el 27 de marzo de 2024 sosteniendo la acusación. Ese mismo día ingresó como empleada del Banco Macro, donde luego obtuvo un crédito hipotecario para comprar un departamento de $85.000.000 en julio de 2025. Actualmente está acusada de falso testimonio y deberá rendir cuentas ante la Justicia Federal.

Ambos forman parte de un mismo círculo vinculado a la Caja Popular y La Bancaria: Petraglia como operador recurrente y empleado con licencia gremial; Castellote como testigo funcional al relato. Sus acciones —la preparación logística por parte de Petraglia y el respaldo testimonial de Castellote— resultaron fundamentales para sostener durante meses una denuncia que las pericias UFED terminaron desmontando, lo que derivó en el sobreseimiento de los jugadores de Vélez el 30 de diciembre de 2025.

Esta dupla ilustra el funcionamiento presunto del mecanismo: operadores que preparan el terreno y testigos que refuerzan la versión, todo dentro de un esquema más amplio que la Justicia Federal investiga como asociación ilícita y posible trata de personas. La acumulación patrimonial de Petraglia y los beneficios económicos recibidos por Castellote en corto tiempo constituyen elementos que la causa deberá profundizar.

Contexto de la investigación

En abril de 2026, El Tucumano denunció ante la Justicia Federal a Carlos Cisneros, sus hijas y Petraglia por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica. Los valores declarados en las escrituras de Petraglia resultan notoriamente bajos en varios casos, lo que podría constituir indicios a evaluar en sede penal y tributaria.

Petraglia, con licencia gremial otorgada desde la Caja Popular, figura como titular de un patrimonio que contrasta fuertemente con su perfil laboral declarado. La figura de Cecilia Sánchez Blas, como principal referente sindical aliada al cisnerismo y residente en uno de los inmuebles vinculados, completa el panorama de influencias en el sector bancario tucumano.

La Justicia Federal deberá determinar el origen de los fondos, las eventuales interposiciones de personas y el rol de cada actor en el entramado denunciado como mafia paraestatal.

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