En una reunión discreta celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades alcanzaron un principio de acuerdo para un aumento salarial del 24%, entre otros puntos, aunque las negociaciones fracasaron debido a una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda fallo de la Corte Suprema.
El encuentro, realizado en un lugar neutral para evitar foco mediático, contó con la presencia del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que representó al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El objetivo fue intentar destrabar el conflicto presupuestario que motivó la última Marcha Federal del sector.
La propuesta del Gobierno plantea una recomposición salarial del 24,3% que comprende parte de la pérdida durante 2024, todo 2025 y el desfase de 2026 hasta mayo. El incremento se abonaría en dos etapas: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre. Además, la oferta incluye la creación de una comisión técnica para trabajar sobre el periodo adeudado y asegurar negociaciones paritarias trimestrales hacia adelante.
Por otro lado, se propuso un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento universitario, y la asignación de un fondo adicional de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios. Las casas de estudio aguardan la convocatoria gubernamental para acordar el nuevo criterio de distribución de los fondos destinados a los hospitales, cuya falta de actualización generó protestas y advertencias sobre posibles afectaciones en la atención médica.
Fuentes universitarias calificaron la oferta del Ejecutivo como “razonable”. No obstante, la propuesta naufragó por la exigencia del Gobierno de que las universidades retiren la demanda judicial que reclama la ejecución plena de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso, que implica aumentos proporcionales al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un monto estimado en 2,5 billones de pesos, cifra que el Ejecutivo considera incompatible con el superávit fiscal.
Los rectores manifestaron de manera categórica que no cederán en ese punto. Para ellos, la demanda funciona como una garantía que no están dispuestos a perder y sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para retirarla. Señalan, además, que la oferta demuestra claramente que el Gobierno dispone de recursos para resolver el conflicto.
“Si existiera voluntad de acordar, sería innecesario mantener esta disputa. Hay condiciones para avanzar, pero la pelota está en el campo del Ejecutivo”, insistieron.
Desde el Gobierno, en tanto, cuestionaron al CIN, encabezado por Franco Bartolacci, por la negativa a flexibilizar la vía judicial, manifestando que ese posicionamiento “conduce a un conflicto sin solución”.
Ambas partes mantienen la postura de que para alcanzar un acuerdo es imprescindible que la contraparte ceda en sus demandas.
