En una audiencia marcada por el dramatismo y la gravedad institucional que implica el uso indebido de un arma reglamentaria, el agente de policía acusado de dar muerte a Héctor Miguel Soria rompió el silencio ante la Justicia. El imputado, cuya carrera en la fuerza ha quedado suspendida bajo el peso de una investigación por homicidio, intentó sostener la tesis de una fatalidad doméstica en la que, según su relato, no existió intención de causar daño.
El trágico episodio ocurrió en el interior de una vivienda del Barrio Oeste II, en un contexto de reunión social que terminó de la forma más violenta. De acuerdo con la declaración del uniformado, el disparo se produjo de manera accidental mientras manipulaba su pistola reglamentaria, una versión que busca desplazar la acusación desde el dolo hacia una figura culposa. «Fue sin querer, era mi amigo de toda la vida», enfatizó el acusado, en un intento por conmover al tribunal y atenuar la severidad de las medidas cautelares en su contra.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal mantiene una postura de estricto rigor técnico. La fiscalía ha puesto el foco en la impericia y en el incumplimiento de los protocolos básicos de seguridad que todo efectivo policial debe observar, incluso fuera de su horario de servicio. Para los investigadores, la portación del arma oficial conlleva una responsabilidad civil y penal que no admite distracciones, y el hecho de que un proyectil haya impactado en la humanidad de Soria supone, como mínimo, una conducta de negligencia temeraria.
La querella, por su parte, analiza con cautela los testimonios de los presentes y los resultados preliminares de las pericias balísticas. El objetivo es determinar la distancia del disparo y la trayectoria del proyectil, datos que resultarán cruciales para confirmar si el relato del «accidente» guarda coherencia con la evidencia física recolectada en la escena del crimen. El desorden y el consumo de alcohol en el lugar son variables que la instrucción no ignora y que podrían agravar la situación procesal del efectivo.
El caso trasciende la tragedia personal para instalarse en una zona de conflicto recurrente: el uso discrecional del armamento de Estado en ámbitos civiles. Mientras la defensa del agente aboga por una morigeración de la prisión preventiva, la sociedad y la familia de la víctima aguardan una resolución que distinga con claridad entre un infortunio incontrolable y una irresponsabilidad criminal vestida de uniforme. La Justicia deberá ahora decidir si la supuesta amistad es un atenuante o si, por el contrario, la confianza mutua hizo que la negligencia fuera aún más inexcusable.
