La explosiva denuncia de la concejala Ana María González contra funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán cobró, de repente, una nueva dimensión con un dato clave que salió a la luz: Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos, apuntado como el principal responsable del delito contra la administración pública es, además de funcionario, empleado de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia.
Con esto emerge una vez más un nombre que ha sido protagonista de los titulares de todos los medios de la provincia: el diputado nacional, empresario mediático y ex sindicalista Carlos Cisneros, histórico jefe desde las sombras de la Caja Popular. Esta denuncia deja en evidencia que la jefa municipal aún no ha podido desligarse completamente de quien fuera el “padrino” de su candidatura, quien se cobró los favores de campaña con la colocación de altos funcionarios en puestos claves del Gobierno municipal.
La revelación sobre el cargo de Chincarini en la Caja Popular tiene, además, otra preocupante arista: ¿pidió el funcionario licencia en la entidad crediticia para asumir en el cargo o, como sucedió en el caso del abogado José Díaz, cobró los dos salarios del estado simultáneamente contra lo que dispone la Constitución de la Provincia? (Ver más abajo).
Estas irregularidades en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán generan preocupación sobre el real poder que mantiene Carlos Cisneros sobre Chahla y el manejo administrativo del Gobierno de la Ciudad. Si bien desde hace mucho tiempo los dos dirigentes no aparecieron públicamente juntos, las noticias dejan en evidencia que el alejamiento no ha sido tan profundo como la intendenta intenta mostrar.
La denuncia
La concejala González presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Ministerio Público Fiscal contra cinco altos funcionarios del gabinete municipal por presuntos delitos contra la administración pública.
Entre los acusados se encuentra el propio Chincarini, secretario de Servicios Públicos, quien figura como monotributista en relación de dependencia con la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Los otros funcionarios denunciados son Marcelo Albaca, contador general del Municipio; Camila Giuliano, secretaria de Gobierno; Rodrigo Andrés Gómez Tortosa, secretario general, y Sebastián Ruiz Toscano, secretario de Economía y Hacienda. La denuncia también alcanza a “cualquier otro funcionario y/o persona” que resulte responsable durante la investigación.
En el escrito, al que tuvo acceso El Federalista, González sostiene que los hechos denunciados configuran, con semiplena prueba, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y aportan indicios suficientes para investigar posibles malversación de caudales públicos, fraude por administración infiel agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito.
La concejala detalla un patrón sistemático de contrataciones directas con cooperativas de trabajo para tareas de mantenimiento de espacios verdes —corte de pasto, limpieza y revisión de pintura y bancos—, invocando falsamente situaciones de “necesidad y urgencia” previstas en el artículo 70 inciso 1 de la Ordenanza de Contabilidad N.º 570/80. Estas tareas, según el escrito, son “periódicas y previsibles” y forman parte del mantenimiento ordinario de plazas y parques, no de emergencias. Las contrataciones se realizaron dos años después del inicio de la gestión, lo que excluye cualquier hipótesis de imprevisibilidad.
Las cooperativas contratadas, según la denuncia y la documentación anexa, no se encontraban inscriptas en el Registro de Proveedores del Municipio —requisito indispensable—, ni en algunos casos ante los organismos tributarios competentes al momento de la adjudicación. Algunas regularizaron su situación recién en el mes de la contratación o incluso después. La normativa municipal solo permite excepciones a la licitación pública en supuestos estrictamente acreditados, y la carga de la prueba recae en los funcionarios intervinientes.
La documentación incorporada al expediente revela, además, que múltiples trámites fueron iniciados directamente por el secretario Chincarini. Así consta en los movimientos internos de expedientes como el N.º 3027/2025 (Sección 5, Cooperativa Proyectar Futuro Ltda.), el N.º 3267/2025 (Sección 4, ConstruTruc Ltda.), el N.º 5214/2025 (Sección 10) y otros, en los que el funcionario figura como causante de las solicitudes de contratación directa para desmalezamiento, limpieza y mantenimiento integral de espacios verdes.
Cada caso
Caso 1: Contratación de la Cooperativa “Juntos para Vivir Mejor Ltda.” (CUIT 30-71663058-3) por $16.988.400, con ampliación por $33.976.800, para tareas de eco canjes, folletería y mantenimiento básico.
Caso 2 (Expediente N.º 326/2025): Contratación de Obeid Alberto Nicolás (CUIT 23-34797572-9) por $165.399.750 (equivalente a unos $55 millones mensuales) para mantenimiento de 116.070 m² en la Sección 2, superficie equivalente a menos de diez plazas. El acto fue firmado por Chincarini y originado en un pedido de la Dirección de Despacho de su secretaría.
Caso 3 (Expediente N.º 758/2025): Cooperativa “Profeta Isaías Ltda.” (CUIT 30-71821555-9) por $188.087.930,25 para la Sección 3 A. Al momento de la firma, la cooperativa carecía de habilitación fiscal plena.
Caso 4 (Expediente N.º 3147/2025): Cooperativa “REMACOOP Ltda.” (CUIT 30-71771193-5) por $188.112.696,75 para tareas similares en la Sección 3.
Caso 5 (Expediente N.º 4645/2025): Contratación de la Cooperativa “Constutuc Ltda.”, con idénticos fundamentos y esquema.
En todos los expedientes se repite la invocación genérica del artículo 70 inciso 1 de la Ordenanza de Contabilidad, del Decreto N.º 5069/SEH/2022 y modificatorios, y de la Ordenanza N.º 5333 de Emergencia Ambiental, norma que no habilita contrataciones directas de cooperativas. Los montos abonados resultan, prima facie, “manifiestamente excesivos” en relación con los servicios prestados y el plantel necesario (estimado en cinco operarios por zona, con costo laboral mensual aproximado de $7,5 millones).
La documentación anexa al expediente también incluye información financiera pública sobre el contador general Marcelo Albaca Petersen: según consulta a la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA correspondiente a octubre de 2025, registra deudas en situación normal por más de 415 millones de pesos con el Banco de la Nación Argentina, 510 mil pesos con el Banco Galicia y 412 mil pesos con el Banco Macro.
La denunciante solicita allanamientos, secuestro de documentación y equipos, y pedidos de informes a organismos públicos, medidas que solo la Justicia puede impulsar.
¿Otro caso José Díaz?
Apenas días atrás, la propia Caja Popular —donde Chincarini figura como empleado— declaró nula la designación de José César Díaz, abogado cercano a Cisneros, por haber cobrado simultáneamente dos remuneraciones públicas durante 31 meses, ordenando la devolución de más de 600 millones de pesos y la apertura de un sumario administrativo. El caso Díaz, resuelto por Resolución de Intervención N.º 339/26 del 19 de mayo de 2026, ilustra la prohibición constitucional de acumular haberes públicos y genera interrogantes sobre la situación particular de Chincarini.
Tras la denuncia Chincarini utilizó Enterate, el medio propiedad de Cisneros, para calificar a la presentación como una “maniobra electoral” sin sustento legal.
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La causa, que se encuentra en etapa inicial, deberá determinar si las contrataciones —cuyo monto total superaría los $2.700 millones según estimaciones periodísticas— constituyeron meras irregularidades administrativas o configuran delitos penales. La Justicia deberá ahora investigar los circuitos decisorios, los vínculos entre las cooperativas y los funcionarios, el destino final de los fondos públicos y las responsabilidades funcionales de los agentes intervinientes.
