Apoyada en operaciones de prensa, la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán amenaza con desoír a la Justicia y postergar la Asamblea Universitaria prevista para el miércoles 20 de mayo, con el fin de armar un cronograma electoral “a medida” de cualquier candidato que responda al operador José Hugo Saab. En un giro de alta tensión institucional, el oficialismo de la UNT —el denominado saabismo— evalúa suspender la Asamblea y reabrir el plazo de candidaturas para rector y vicerrector.
La jugada (publicada sin fuentes por La Gaceta y Contexto), que busca recomponer el tablero tras el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, fue calificada de inmediato por los candidatos opositores Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala como un acto de “desobediencia judicial” que excede las atribuciones del organismo electoral.
Los decanos presentaron este lunes una nota formal ante la Junta Electoral en la que exigen el cumplimiento estricto de la medida cautelar dictada por la Cámara Federal. Argumentan que son la única fórmula habilitada y que, conforme a los artículos 114 del Estatuto Universitario y 81 del Reglamento Electoral, corresponde proclamarlos directamente sin necesidad de votación. Cualquier suspensión de la Asamblea, advierten, sería nula por incompetencia y configuraría el delito de desobediencia judicial previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Según trascendidos publicados sin fuente, la Junta Electoral estudia emitir una resolución que modifique parcialmente el cronograma: reabriría el plazo de presentación de candidaturas y postergaría la Asamblea hasta definir el nuevo esquema. Fuentes del oficialismo confirmaron que se barajan dos nombres para reemplazar a Sergio José Pagani: la actual vicerrectora Mercedes Leal y el decano de Ciencias Económicas, Jorge Rospide. Ambas figuras garantizarían, según el cálculo interno, la continuidad del esquema de poder que José Hugo Saab ha sostenido durante más de cuatro décadas.
La reacción revela el desconcierto del saabismo frente al primer límite real que le impone la Justicia federal. Tras décadas de control burocrático y político desde la Secretaría General del Rectorado, la cautelar que frenó la re-reelección de Pagani obligó al oficialismo a improvisar una salida institucional que, para la oposición, no es más que un intento de eludir el fallo.
Cabrera y Abdala sostienen que la medida cautelar solo suspende las candidaturas que vulneran el artículo 17 del Estatuto —la limitación a una sola reelección— y no autoriza a paralizar todo el proceso electoral. “La UNT fue notificada formalmente y los actores prestaron caución juratoria”, recordaron en su escrito. Suspender la Asamblea, agregan, no solo viola el cronograma aprobado por el Consejo Superior, sino que implica un claro desvío de poder.
El saabismo, que hasta hace pocos días contaba con el apoyo explícito de once decanos y una mayoría cómoda en los claustros, enfrenta ahora un escenario inédito: la posibilidad concreta de perder el control del Rectorado sin haber disputado siquiera la elección. La presión opositora busca forzar la proclamación inmediata de Cabrera y Abdala como única fórmula habilitada, mientras el oficialismo negocia a contrarreloj para recomponer su oferta electoral.
La crisis desnuda, una vez más, la lógica de perpetuación que ha caracterizado la conducción universitaria en los últimos cuarenta años. La suspensión de la Asamblea Universitaria no sería un mero ajuste técnico: sería, como advierten los impugnantes, un acto de rebeldía frente a la orden judicial. La comunidad universitaria y el propio Poder Judicial federal observan con atención el próximo movimiento de la Junta Electoral. Porque en juego ya no está solo una elección de autoridades, sino la vigencia efectiva del principio republicano dentro de la casa de estudios más importante del norte del país.
