La investigación por el homicidio de Joaquín Rodrigo Ibarra, de 21 años, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un intento de robo en Alderetes, se encuentra en su fase final. El Ministerio Público Fiscal de Tucumán se prepara para solicitar la elevación a juicio de dos adolescentes, de 16 y 17 años, imputados por el hecho.
Recientemente, en una audiencia clave, la Fiscalía solicitó la prórroga de las medidas cautelares que pesan sobre los jóvenes, quienes permanecen detenidos en el penal de Benjamín Paz. La ampliación del plazo —30 días adicionales— busca completar el acopio probatorio requerido para la etapa preparatoria y avanzar hacia el debate oral.
El crimen tuvo lugar en la madrugada del 12 de enero en el barrio Julio Abraham, cuando Ibarra esperaba para ingresar a la casa de un amigo. Según la reconstrucción judicial, fue abordado por dos adolescentes que circulaban en motocicleta. Uno de ellos descendió armado con intenciones de robo. La víctima, alertada, lanzó su teléfono celular por encima de una reja para evitar su sustracción, mientras conservaba una bolsa con prendas que le fue arrebatada.
El asunto escaló cuando el atacante retornó, golpeó a Ibarra en la cabeza y efectuó un disparo que le provocó la muerte instantánea. Su acompañante sufrió golpes acreditados por heridas en la cabeza.
Las tareas investigativas progresaron rápidamente. Esa misma madrugada, efectivos policiales y expertos en crímenes complejos lograron identificar y localizar a los sospechosos a través de imágenes captadas en cámaras de seguridad cercanas.
Los jóvenes fueron imputados como coautores del delito de homicidio agravado criminis causa y se dictó prisión preventiva por cuatro meses en primera instancia. Posteriormente, fueron trasladados al Instituto de Menores Cura Brochero tras intervención del gobernador Osvaldo Jaldo.
En la audiencia del 11 de mayo la Fiscalía, representada por Pedro Gallo, solicitó extender la prisión preventiva por 60 días más, argumentando la espera de resultados técnicos —pericias sobre teléfonos celulares— que podrían aportar datos fundamentales sobre comunicaciones post-crimen. Además, aún resta localizar el arma homicida y la motocicleta utilizada.
Las defensoras de los acusados plantearon la posibilidad de arresto domiciliario, pero el juez Federico Moeykens lo rechazó por considerar que los jóvenes podrían entorpecer la investigación si recuperaran la libertad. Ordenó la extensión de la cautelar por 30 días y exhortó a la Fiscalía concluir la investigación para avanzar al juicio.
El abogado Juan Pablo Bello, representante de la familia de la víctima, sostuvo que la demandan un juicio pronto y que se impartan las responsabilidades correspondientes. Explicó que, por tratarse de menores de edad, el proceso judicial tendrá particularidades propias: primero se determinará el grado de responsabilidad y luego se debatirá la pena, respetando los límites legales para adolescentes.
Bello recordó que la acusación recaída es por homicidio agravado, delito que contempla prisión perpetua para adultos, aunque esta sanción está excluida para menores en la legislación argentina. Si bien existen pocos precedentes para sentencias con estas características, la defensa de la familia buscará que se imponga la máxima condena posible conforme a la ley.
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