En una jornada de protestas que se replicó en todo el país, miles de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores se movilizaron este martes para reclamar el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la ejecución de los fallos judiciales que ordenan la actualización de recursos. La movilización, la cuarta de carácter federal desde el inicio del actual Gobierno, puso de manifiesto la profunda preocupación del ámbito académico por el sostenimiento del sistema público de educación superior.
Según el documento consensuado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, el financiamiento del sistema universitario atraviesa una situación crítica. Las transferencias registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que ha generado una reducción inédita de los recursos disponibles. Los salarios docentes, por su parte, se encuentran en el nivel más bajo de los últimos 23 años y exhiben la peor posición relativa dentro del Estado nacional y en el contexto latinoamericano.
El texto leído en Plaza de Mayo, ante una concurrencia estimada en cientos de miles de personas, subrayó que el incumplimiento de la norma aprobada por el Congreso y de las sentencias judiciales representa “un acto de desprecio institucional sin precedentes”. Las universidades reclamaron a la Corte Suprema que garantice el respeto a la división de poderes y advirtieron sobre las graves consecuencias para la equidad educativa, la retención de talento y el rol estratégico de la casa de estudios en el desarrollo nacional.
En Tucumán, la respuesta fue igualmente contundente. Una numerosa columna partió del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) hacia Plaza Independencia, donde se adhirió al documento nacional. Estudiantes, docentes y no docentes, acompañados por referentes gremiales, políticos y organizaciones civiles, expresaron su rechazo al desfinanciamiento y a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que según denuncias locales supera el 37% en términos reales.
El decano de la Facultad de Medicina de la UNT, Mateo Martínez, fue tajante: “No se trata solo de un ataque a la universidad sino de un ataque a la democracia”. Señaló que el Ejecutivo desoye mandatos del Congreso y de la Justicia, lo que vulnera la calidad educativa y la equidad, y alertó sobre la ola de renuncias docentes registrada en el último año.
La marcha tucumana transcurrió sin incidentes y reflejó un respaldo amplio más allá del ámbito estrictamente universitario. Organizada por las mismas entidades nacionales, contó con la adhesión de sectores peronistas, de izquierda y gremiales, en una convocatoria que los organizadores calificaron de “multitudinaria”.
Mientras el Gobierno sostiene que la aplicación plena de la ley comprometería la estabilidad macroeconómica y prioriza el cumplimiento del presupuesto general, las universidades insisten en que el Estado debe honrar los compromisos legales y constitucionales que garantizan el acceso igualitario a la educación superior. La tensión entre ambos polos define, por ahora, el pulso de un debate que trasciende lo presupuestario y toca los cimientos del modelo educativo argentino.
