El Ministerio del Interior de Tucumán, a cargo de Darío Monteros, adjudicó más de 104 millones de pesos a la empresa Estoico Indumentaria para el suministro de indumentaria deportiva a delegaciones provinciales, según publicó el portal Observa 360. Las contrataciones, formalizadas en febrero de 2026 mediante dos decretos, han generado cuestionamientos por posibles conflictos de intereses, dado el vínculo público de la firma con Lara Ramírez, hija de la diputada nacional Gladys Medina e hijastra del propio ministro.
Según los decretos N° 222/2026 y N° 223/2026 del Ministerio del Interior, la primera adjudicación alcanzó los $60.094.080 para equipar a 360 jóvenes y al cuerpo técnico de los Juegos Nacionales Evita 2025. La segunda, por $44.390.791, correspondió al equipamiento de la delegación tucumana en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025. En ambos procesos licitatorios participaron tres oferentes, y Estoico Indumentaria resultó beneficiada al presentar el menor precio. Los pagos se imputaron a partidas de “ayudas sociales a personas” del Presupuesto provincial.
Si bien Tatiana Bella Toledo figura como titular registral de la empresa, con domicilio en Banda del Río Salí, diversas evidencias públicas asocian su operación real a Lara Ramírez. Empleados de la firma la mencionan en videos institucionales, y prendas con el logo de Estoico Indumentaria han aparecido en actos políticos vinculados a la diputada Medina, así como en suministros a comunas rurales de la provincia.
Este caso se inscribe en un contexto de denuncias previas sobre un presunto entramado familiar en el ámbito estatal. Gladys Medina y Darío Monteros integran una de las parejas de mayor influencia en el oficialismo tucumano. Monteros, además, es padre del intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros. En abril pasado, circularon documentos que señalaban la presencia de familiares y allegados en cargos clave del Estado provincial, la Legislatura y diversas comunas.
Otro elemento que suma atención es la decisión del gobierno provincial, adoptada en agosto de 2025 mediante un DNU, de transferir las competencias de fomento y promoción deportiva desde el Ministerio de Educación al Ministerio del Interior. La medida se justificó en razones de eficiencia y cercanía con municipios y comunas, pero ocurrió meses antes de estas contrataciones.
Los hechos plantean interrogantes éticos y jurídicos y encuadra como negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 del Código Penal), que sanciona a funcionarios que intervengan en contratos del Estado cuando medie interés propio o de familiares. También se mencionan posibles configuraciones de tráfico de influencias, aunque su acreditación requiere investigación judicial.
