El precio del gas licuado de petróleo (GLP) ha experimentado un nuevo ajuste, consolidando una tendencia alcista que impacta de manera directa en los sectores más vulnerables de la provincia. Tras la reciente desregulación del mercado impulsada por el Gobierno nacional, que eliminó los precios máximos de referencia, el costo de la garrafa de diez kilogramos ha alcanzado niveles que obligan a los consumidores a un replanteo forzoso de sus presupuestos mensuales.
En los principales puntos de distribución, los valores de la unidad estándar de 10 kg oscilan actualmente entre los $12.000 y los $15.000, dependiendo de si la transacción se realiza en mostrador o incluye el servicio de entrega domiciliaria. Esta actualización tarifaria refleja el fin de los subsidios directos a la cadena de comercialización, una medida que busca sincerar los costos operativos pero que, en la práctica, traslada la carga financiera íntegramente al usuario final.
La disparidad de precios entre los comercios barriales y las plantas fraccionadoras se ha acentuado, convirtiendo la búsqueda de mejores ofertas en una necesidad imperiosa. Muchos consumidores han optado por el retiro presencial en los centros de carga oficiales para evitar el sobrecosto del flete, que en algunos casos puede representar hasta un 20% adicional sobre el valor base del producto.
Este escenario es particularmente crítico para los miles de hogares que aún no cuentan con acceso a la red de gas natural. Para estas familias, el gas envasado no es una opción, sino un insumo básico e insustituible para la cocción de alimentos y la higiene personal. La convergencia hacia precios de mercado, sin mecanismos de contención social plenamente operativos, profundiza la brecha en el acceso a servicios energéticos esenciales.
Expertos en consumo advierten que la volatilidad de los precios continuará en el corto plazo, sujeta a los costos de logística y a la estacionalidad de la demanda. Mientras tanto, la ciudadanía se ve compelida a un ejercicio de austeridad extrema en un contexto donde el aumento de los servicios públicos parece no haber encontrado aún su techo definitivo.
