Una preocupante sucesión de episodios de intimidación pública ha vuelto a poner en jaque la normalidad del sistema educativo en Tucumán. Durante la jornada del jueves, seis establecimientos escolares, tanto en la capital como en el interior provincial, fueron escenario de amenazas de presuntos ataques armados que obligaron a la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y generaron un clima de profunda zozobra entre padres, alumnos y docentes.
La modalidad de estas amenazas presenta patrones recurrentes que dificultan la distinción entre bromas de mal gusto y riesgos reales. En la Escuela República de Paraguay, las autoridades detectaron una inscripción manuscrita en uno de los sanitarios que alertaba sobre un inminente tiroteo. Una situación idéntica se vivió en la Escuela Secundaria Justo José de Urquiza, en La Cocha, donde un mensaje en el baño de varones anticipaba un ataque para las horas subsiguientes.
El fenómeno se extendió con rapidez hacia otras jurisdicciones. En la Escuela Dr. Tiburcio Padilla, ubicada en Banda del Río Salí, el hallazgo de leyendas intimidatorias escritas con corrector obligó a un despliegue policial preventivo. Lo propio ocurrió en la Escuela 186 Provincia de Tucumán, en la localidad de Arcadia, donde la celeridad del procedimiento permitió identificar a una alumna como presunta autora de las inscripciones, lo que derivó en la intervención de sus progenitores.
La psicosis colectiva no se limitó a los muros de los edificios escolares, sino que encontró un potente catalizador en las redes sociales. Un caso paradigmático se dio en torno a la Escuela Ramón Paz Posse, donde una publicación en Facebook convocaba a una concentración de padres ante la sospecha de un ataque programado. Esta dinámica de propagación digital del temor representa un desafío adicional para los peritos de ciberdelincuencia, quienes trabajan para rastrear el origen de estos perfiles.
Finalmente, las autoridades de la Escuela Media Virgen de la Merced informaron un hallazgo similar en sus instalaciones, con una advertencia fechada para el cierre de la semana. La recurrencia de estos hechos, que la justicia investiga bajo la figura penal de intimidación pública, ha forzado a las autoridades educativas y de seguridad a revisar sus protocolos de actuación.
Esta ola de amenazas no solo interrumpe el proceso de aprendizaje, sino que tensiona la estructura de seguridad pública en un contexto de vulnerabilidad institucional. La respuesta del Estado, que hasta el momento se ha centrado en la presencia policial y la identificación de responsables, deberá ahora profundizar en las causas de un fenómeno que erosiona la paz social dentro de las aulas.