En un intento por clausurar la crisis de seguridad que mantiene en vilo a la comunidad educativa, el gobernador Osvaldo Jaldo endureció su discurso y envió un mensaje inequívoco hacia los responsables de las intimidaciones públicas. El mandatario provincial confirmó que el Estado no solo perseguirá la responsabilidad penal de quienes emiten amenazas de ataques, sino que también accionará civilmente contra los padres de los menores involucrados, exigiendo el resarcimiento por los costos operativos de seguridad.
“Se van a tener que responsabilizar penal y civilmente. Esto no es una broma, es un delito que moviliza recursos del Estado y genera un perjuicio social incalculable”, sentenció Jaldo. La postura del Ejecutivo marca un punto de inflexión en la gestión del conflicto: la transición de la fase preventiva a la de castigo ejemplar. Según el mandatario, el costo de cada operativo policial y de Defensa Civil será trasladado a los tutores legales de aquellos estudiantes que sean identificados por la Justicia.
La trazabilidad digital, a cargo de la división de Ciberdelitos de la Policía, ha comenzado a arrojar resultados. En este sentido, Jaldo instó a los estamentos judiciales a actuar con la máxima celeridad para desalentar el efecto imitativo que ha proliferado en las últimas semanas. La intención oficial es clara: restaurar el orden a través de una sanción económica y legal que actúe como factor disuasorio definitivo.
Mientras el Ministerio Público Fiscal avanza en la identificación de nuevas direcciones IP, la advertencia de Jaldo resuena como un llamado a la responsabilidad parental. En un contexto de fragilidad social, el Gobierno provincial parece decidido a utilizar todo el peso del aparato administrativo para garantizar que las aulas dejen de ser un escenario de zozobra y vuelvan a ser el territorio de la formación académica.