En una reacción política que busca poner fin a la psicosis colectiva que acecha a la comunidad educativa, el gobernador Osvaldo Jaldo adoptó una posición de «tolerancia cero». Frente a la proliferación de amenazas de ataques y tiroteos en diversos establecimientos de la provincia, el mandatario provincial reclamó no solo la detención de los involucrados, sino también la expulsión inmediata de aquellos estudiantes que sean identificados como autores de estos actos.
«Hay que ir a fondo. No podemos permitir que el derecho a la educación y la tranquilidad de miles de familias se vean vulnerados por acciones delictivas disfrazadas de bromas», sentenció Jaldo. Sus palabras, impregnadas de un tono incisivo, marcan un cambio de paradigma en el abordaje del conflicto: de la contención pedagógica se ha pasado a la respuesta penal y administrativa estricta.
Para el Ejecutivo provincial, la gravedad de la situación ha escalado a un nivel donde la responsabilidad de los menores debe ser compartida con sus tutores. Jaldo fue tajante al señalar que, si bien el sistema educativo es inclusivo, tiene límites éticos y legales innegociables. «Si los responsables son alumnos, deben ser expulsados del sistema; si son menores, sus padres deben responder ante la ley», enfatizó el gobernador durante su comparecencia ante la prensa.
El despliegue de seguridad en las escuelas, que ya incluye restricciones en el uso de mochilas y operativos policiales de saturación, cuenta ahora con un respaldo político explícito para judicializar cada caso. El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad trabajan en conjunto para rastrear las direcciones IP y los dispositivos desde donde se originan los mensajes intimidatorios.
La postura de Jaldo refleja una necesidad de restaurar el orden en un tejido social sensible. En un contexto donde la seguridad pública es la principal demanda de la ciudadanía, el mandatario tucumano ha optado por el rigor institucional, enviando un mensaje claro: el Estado no permanecerá indiferente ante quienes utilicen el anonimato digital para sembrar el pánico en las aulas.