La Justicia avanza en la investigación para identificar a los autores y posibles instigadores de las amenazas de tiroteo que recibieron dos establecimientos educativos de la capital en las últimas semanas, y advirtió que estos hechos “no constituyen una broma, sino un delito penal”.
Los llamados anónimos se registraron en el Colegio San Francisco y en otro establecimiento escolar, donde una voz masculina alertaba sobre la supuesta presencia de armas de fuego en el interior de los edificios. Ambos episodios generaron operativos policiales de gran magnitud, con rastrillajes exhaustivos y la movilización de personal especializado, aunque finalmente no se halló ningún elemento que representara un riesgo real.
Desde la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Violencia Institucional, a cargo de la fiscal Adriana Giannoni, se señaló que estas falsas alarmas generan un alto costo operativo para las fuerzas de seguridad y provocan un innecesario estado de alerta en la comunidad educativa, los docentes y las familias.
“Estos llamados no son inocentes. Provocan temor, interrumpen el normal funcionamiento de las instituciones y requieren recursos importantes. No es una broma: es un delito”, enfatizaron fuentes judiciales.
La investigación busca determinar no solo la identidad de quien realizó los llamados, sino también si existieron instigadores o si se trató de acciones coordinadas. Se analizan grabaciones telefónicas, se revisan cámaras de seguridad de la zona y se cruzan datos con otras denuncias similares registradas en los últimos meses.
Las autoridades judiciales y educativas coincidieron en la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en los colegios y pidieron a la población mayor responsabilidad, recordando que este tipo de conductas pueden acarrear consecuencias penales graves.
Hasta el momento no se han producido detenciones, pero la causa avanza con celeridad para evitar que estos episodios se repitan. El mensaje de la Justicia es claro: las amenazas falsas contra establecimientos educativos serán investigadas con todo el rigor de la ley.