El gobernador Osvaldo Jaldo anunció una política de “tolerancia cero” frente a las amenazas de tiroteo en establecimientos educativos y autorizó a las autoridades policiales y judiciales a realizar aprehensiones inmediatas y a aplicar expulsiones definitivas a los estudiantes involucrados en estos hechos.
“Quien amenace con un tiroteo en un colegio va preso y, si es alumno, queda expulsado. No vamos a tolerar este tipo de conductas”, afirmó Jaldo con firmeza durante una conferencia de prensa.
El mandatario provincial se refirió así a la serie de llamados anónimos recibidos en las últimas semanas en diferentes colegios de la capital, que obligaron a desplegar operativos policiales de gran magnitud y generaron alarma en la comunidad educativa.
Jaldo explicó que instruyó al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y al ministro de Educación, Alberto Sileoni, para que actúen con la máxima severidad. “Si el autor es un menor, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, que incluyen la expulsión del establecimiento. Y si es mayor de edad, irá directamente a disposición de la Justicia”, detalló.
El gobernador calificó estas amenazas como “un delito grave” que genera temor injustificado en alumnos, docentes y familias, y que además demanda un importante despliegue de recursos públicos. “No es una broma. Es una irresponsabilidad que tiene consecuencias penales y administrativas”, enfatizó.
Desde la Policía de la Provincia se confirmó que se reforzaron los protocolos de seguridad en todos los colegios y que se está trabajando en coordinación con la Justicia para identificar rápidamente a los autores de los llamados.
La medida anunciada por Jaldo busca disuadir este tipo de conductas y enviar un mensaje claro a la comunidad: las amenazas contra instituciones educativas no serán minimizadas ni toleradas.
Hasta el momento, las investigaciones judiciales continúan su curso con el objetivo de determinar la identidad de los responsables y establecer si existe alguna organización o patrón común detrás de los episodios.
La decisión del gobernador fue bien recibida por gran parte de la comunidad educativa, que venía reclamando mayor firmeza ante este tipo de incidentes.
