El nuevo escándalo judicial en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, con demandas millonarias de exjugadores de San Martín que nunca contaron con cobertura de ART, dejó expuesto al Estudio Iezzi y Barone, pero fundamentalmente a su socio principal, Gabriel Iezzi.
Este mediático abogado, con amplia exposición como columnista en Radio Mitre junto al periodista Eduardo Feinmann, tiene no sólo una profunda relación profesional con el gremio bancario nacional, sino también una amistad personal con el polémico diputado Carlos Cisneros, que puede confirmarse en las redes sociales.
La posible asociación ilícita
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán, bajo la nueva intervención encabezada por Guillermo Norry y Antonio Bustamante, presentó una denuncia penal por presunta asociación ilícita ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, alertando sobre un posible entramado orientado a obtener indemnizaciones por siniestros no asegurados, con un perjuicio estimado en más de 1.400 millones de pesos.
Según la documentación interna de la Caja, publicada como primicia por el portal El Tucumano, el estudio Iezzi y Barone –contratado durante la gestión anterior, cercana a Cisneros– asumió la defensa en la demanda iniciada en octubre de 2023 por el exfutbolista Adrián Arregui, quien reclama más de 450 millones de pesos (actualizables a más de 1.000 millones) por una lesión sufrida en 2019. El estudio no contestó la demanda ni planteó la falta de competencia territorial del Tribunal del Trabajo de Quilmes N° 3, lo que derivó en una situación de “indefensión total”, según las nuevas autoridades. Los letrados atribuyeron la omisión a un “error involuntario”, explicación que la intervención califica de irregular.
Después de este “error”, que iba a costarle por lo menos 450 millones de pesos a la Caja Popular, la mediática abogada de la entidad, Patricia Neme, se limitó a recomendar un “ajuste de los controles” en lo sucesivo. Antes de estos dos pasos, el expediente había pasado por las manos de Neme y ni siquiera revisó la supuesta póliza del demandante. Lo más grave de esta situación es que tal contrato no existe, simplemente porque los jugadores de fútbol son asegurados por la AFA y no por los clubes.
Un informe gerencial del 13 de marzo de 2026 recomendaba una conciliación por no menos de 450 millones para evitar embargos. Es decir, se estaban por pagar entre 450 y 1.400 millones de pesos por un contrato que ni siquiera se realizó.
Poco después, Norry y Bustamante formalizaron la denuncia penal. Ya antes la Caja había abonado más de 11 millones de pesos a otro exjugador, Santiago Tomás Basualdo, sin póliza previa, tal como confirmó bajo juramento el presidente de San Martín, Oscar Mirkin: los futbolistas del club nunca integraron la cobertura de la ART provincial.
Quién es Iezzi
Este mediático hombre de leyes, que disfruta de resaltar su amistad con Cisneros a través de las redes o de felicitar al expresidente de San Martín, Rubén Moisello –formalmente responsable de su contratación– cuando ganó las elecciones, es penalista con sede en Buenos Aires y cuenta con más de 35 años de trayectoria. Además, es socio fundador del estudio Iezzi y Barone, el mismo que “se olvidó” de responder la demanda. Graduado en la Universidad de Buenos Aires, exdocente de Derecho Penal en esa casa de estudios y en la Escuela Superior de Policía Federal, se especializa en derecho penal empresarial y defensa de compañías en causas complejas.
Sin embargo, más allá de todos sus títulos académicos y logros profesionales, Iezzi ejerce visible placer como columnista en Radio Mitre, donde participa habitualmente en el programa “Alguien tiene que decirlo”, conducido por Eduardo Feinmann, y aparece con frecuencia en A24 e Infobae.
Su vínculo con Carlos Cisneros –histórico dirigente de La Bancaria y exreferente de la Caja Popular durante tres décadas– es público y de larga data. En publicaciones de su cuenta de X (@gabrieliezzi), Iezzi se refiere a Cisneros como “el amigo @cisneros_tuc” y ha respaldado sus listas políticas y deportivas en San Martín de Tucumán.
En noviembre de 2025, aparecieron juntos en publicaciones de Instagram –incluidas en el perfil de Sergio Palazzo y La Bancaria– durante la presentación del Proyecto de Ley Nacional “El Deber de Buscar”, destinado a la búsqueda de personas desaparecidas. Esta práctica de disfrazar de buenas intenciones humanitarias o igualitarias para esconder detrás oscuros negocios es una práctica que los tucumanos hemos conocido en demasiadas oportunidades.
Por otro lado, Iezzi también ha seguido de cerca el denominado “Caso Vélez”, referido a las denuncias por abuso sexual contra exjugadores de Vélez Sarsfield en Tucumán. En sus columnas y publicaciones, se ha posicionado de manera crítica frente a la contradenuncia presentada por la defensa de los jugadores, que acusaba a Cisneros y a la abogada Patricia Neme de formar parte de un supuesto “armado político”. Sin embargo, mantuvo un silencio de misa sobre las acusaciones de asociación ilícita que pesan contra Cisneros y su poderosa arma legal, “Pato” Neme. Tampoco posteó, convenientemente, sobre el actual escándalo de la Caja Popular ni sobre el rol de su propio estudio en las demandas. Lo que sí, se promociona como Miembro de la Asociación Americana de Examinadores de Fraudes, disciplina en la que parece ser especialista.
Un párrafo aparte merece la condescendencia del “jefe” de Iezzi, Eduardo Feinmann, en las numerosas y extensas entrevistas al bancario tucumano, un espacio que ningún otro dirigente sin vuelo nacional como Cisneros pudo conseguir jamás.
De esta forma se descubre una nueva trama detrás de las oscuras prácticas del ahora comprometido diputado, siempre apoyado por abogados o periodistas de alta exposición, como Fernando Burlando, Bernardo Saravia Frías, Claudio Savoia, la producción de TN de la mano de Lorena Maciel, el nunca bien ponderado Pablo Carrozza o la periodista ultra woke Nancy Pazos, quien exigió que se retire una publicación de El Tucumano a través de una virulenta llamada telefónica a su director.