La defensa de Felipe “El Militar” Sosa, principal imputado por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, ha impulsado una nueva línea investigativa que vincula a la víctima con Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Blanca” o “Cabeça Branca”, uno de los narcotraficantes más notorios de Brasil. Sin embargo, esta hipótesis carece hasta el momento de elementos concretos que la conecten directamente con el asesinato ocurrido en Yerba Buena.
Según las declaraciones del abogado Marcelo Cosiansi en audiencias recientes, Érika Álvarez mantenía un vínculo de amistad y consultoría con el capo brasileño. Familiares de la joven afirmaron que ella mostraba un documento a nombre de Luiz Carlos da Rocha —un DNI— y que recibía apoyo económico de su parte, aunque con limitaciones. Además, Érika consultaba regularmente con “Cabeza Blanca” antes de cerrar cualquier negocio. La defensa sostiene que estos nexos podrían abrir un panorama más amplio sobre posibles “negocios” relacionados con el tráfico de drogas en la región.
La querella, representada por el abogado Carlos Garmendia en nombre de la familia de la víctima, ha adoptado una posición suspicaz frente a esta teoría impulsada por la defensa. Si bien solicitó que se investigue la posible vinculación en la causa federal por narcotráfico, Garmendia aclaró que hasta el momento no hay indicios de que el crimen de Érika haya sido un asesinato narco y mantiene el foco en la responsabilidad principal de Sosa.
No obstante, la investigación principal del Ministerio Público Fiscal apunta en otra dirección. La autopsia determinó que Érika Álvarez, de 25 años, murió a causa de múltiples golpes violentos en la madrugada del 7 de enero de 2026, en la vivienda de Sosa ubicada en la calle Santo Domingo al 1100 de Yerba Buena. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en un baldío de Manantial Sur, envuelto en una bolsa de residuos. La fiscalía reformuló la carátula como femicidio y considera a Sosa como el autor material del hecho, en un contexto marcado por el consumo de sustancias y una reunión que derivó en excesos.
Hasta ahora, no existen pruebas técnicas, testimonios ni indicios periciales que vinculen a “Cabeza Blanca” con el crimen. El propio narco brasileño fue detenido en 2017 y cumple una condena de 50 años de prisión en su país, lo que genera dudas razonables sobre su capacidad operativa directa en Tucumán. La mención surge exclusivamente de la estrategia defensiva, que busca ampliar el espectro de la causa hacia una supuesta trama internacional de narcotráfico.
Esta línea contrasta con el grueso de las evidencias reunidas hasta el momento. Testimonios, registros de GPS, pericias genéticas y las declaraciones de los imputados por encubrimiento —entre ellos la ex pareja de Sosa, Justina Gordillo, y otros dos hombres— complican seriamente la posición del ex militar y legionario. La Justicia ha rechazado en varias oportunidades pedidos de prisión domiciliaria para Gordillo, procesada por encubrimiento agravado.
En el marco de una causa que combina violencia de género, consumo de estupefacientes y posibles maniobras para ocultar el hecho, la hipótesis del narco brasileño aparece como una vía alternativa que, si bien merece ser investigada con rigor en la causa paralela por narcotráfico, no modifica el núcleo de los elementos que señalan a Sosa como responsable del asesinato.
La investigación continúa su curso en los tribunales tucumanos. El avance de las pericias y las próximas audiencias determinarán si esta nueva pista aporta luz al caso o si, como sostienen fuentes cercanas a la fiscalía, se trata de una maniobra destinada a generar duda razonable en torno a la responsabilidad principal ya establecida.