El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, advirtió anoche sobre un inminente “desastre de seguridad” en Israel al destacar una intervención del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, el teniente general Eyal Zamir, ante el gabinete político y de seguridad.
“En estos trece años, no recuerdo una advertencia tan severa como la que el Jefe del Estado Mayor, el general de división Eyal Zamir, lanzó anoche ante el gabinete político y de seguridad”, señaló Lapid, quien ha participado durante más de una década en los foros de seguridad más sensibles del Estado, incluido su paso como primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y miembro de la Comisión de Exteriores y Defensa.
Según el relato del dirigente de Yesh Atid, Zamir elevó “diez banderas rojas” y afirmó que las FDI “están al borde del colapso”. El jefe militar detalló la imposibilidad de continuar con los ciclos de reclutamiento de reservistas —ya en su quinto y séptimo turno—, el agotamiento extremo de las tropas regulares y la falta de efectivos para cumplir las misiones asignadas. “El Ejército está herido y abandonado en el campo”, resumió Lapid.
El opositor responsabilizó directamente al Gobierno de Benjamin Netanyahu por desplegar a las fuerzas armadas en una guerra multifrente “sin estrategia, sin recursos y con muy pocos soldados”. Lapid mencionó, además, la necesidad de desviar unidades hacia Judea y Samaria para enfrentar el terrorismo judío y criticó la política de exenciones al servicio militar obligatorio para la comunidad ultraortodoxa (o haredí), que, a su juicio, agrava la crisis de personal y afecta la equidad social.
“La conclusión es la siguiente: el Gobierno ha enviado al Ejército a una guerra en múltiples frentes sin una estrategia, sin recursos suficientes y con muy pocos soldados”, expresó Lapid, quien exigió medidas inmediatas: suspender los presupuestos destinados a quienes evaden el servicio, activar a la policía militar contra los desertores, reclutar sin dilaciones a los jóvenes ultraortodoxos y retirar facultades al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, a quien acusó de tolerar extremismos.
La advertencia del Estado Mayor, según Lapid, cuenta con el respaldo unánime de los principales mandos de seguridad y deja al Ejecutivo sin margen para alegar desconocimiento. El mensaje se difundió en vísperas de Pesaj y se inscribe en un contexto de tensiones regionales crecientes y operaciones simultáneas que ya superan los frentes de Líbano e Irán.
La comunidad haredí
La comunidad ultraortodoxa, o haredí, representa hoy alrededor del 14 % de la población israelí y constituye uno de los bloques demográficos con mayor tasa de natalidad del país. Su influencia política, sin embargo, supera ampliamente su peso numérico gracias a la estructura de los partidos sectoriales que la representan: Shas, de origen sefaradí, y Yahadut HaTorah (Unión de la Torá), de tradición asquenazí. Ambos forman parte de la coalición liderada por Benjamin Netanyahu y han condicionado, desde hace décadas, el equilibrio de poder en la Knesset.
El origen de esta dinámica se remonta a los primeros años del Estado de Israel. En 1948, David Ben-Gurión aceptó eximir del servicio militar obligatorio a un pequeño grupo de 400 estudiantes de yeshivot (escuelas talmúdicas) para preservar el estudio de la Torá, considerado pilar espiritual de la nación judía. Aquella excepción puntual se convirtió, con el paso del tiempo, en una exención masiva que hoy alcanza a decenas de miles de jóvenes haredíes. La Corte Suprema invalidó en 2024 el marco legal que sostenía esta dispensa generalizada, pero el Gobierno de Netanyahu ha postergado repetidamente la aplicación de una solución legislativa, priorizando la estabilidad de su coalición sobre la resolución del conflicto.
En el contexto actual de guerra multifrente —con operaciones simultáneas en Gaza, Líbano, Cisjordania y tensiones con Irán—, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) enfrentan una crisis de personal sin precedentes. Reservistas cumplen ya su quinto o séptimo ciclo de movilización, las tropas regulares están agotadas y la falta de efectivos se agrava. La oposición, encabezada por Yair Lapid, sostiene que el primer ministro demuestra un “excesivo respeto” hacia las demandas haredíes porque su supervivencia política depende de ellas: sin los votos de Shas y Yahadut HaTorah, el Gobierno perdería la mayoría parlamentaria.
A cambio de su apoyo incondicional, Netanyahu ha garantizado históricamente dos pilares para la comunidad ultraortodoxa: la preservación de las exenciones militares y el financiamiento estatal de las yeshivot, donde miles de hombres estudian a tiempo completo y no ingresan al mercado laboral. Esta política ha generado un doble reclamo social. Por un lado, sectores laicos y religiosos moderados denuncian la inequidad: mientras los reservistas dejan familias y empleos durante meses, los jóvenes haredíes quedan al margen del esfuerzo nacional. Por otro, la propia comunidad ultraortodoxa argumenta que el estudio de la Torá es una forma de “servicio” espiritual indispensable para la supervivencia del pueblo judío.
En marzo de 2026, el Ejecutivo optó por postergar nuevamente la ley de conscripción haredí para concentrar recursos en el presupuesto de guerra. La decisión fue celebrada por Lapid como un triunfo temporal de la presión opositora, pero también como prueba de que Netanyahu sigue subordinando la seguridad nacional a los cálculos coalicionarios. Fuentes de seguridad consultadas por la oposición advierten que, sin una incorporación gradual pero firme de los ultraortodoxos al Ejército —al menos de quienes no se dedican exclusivamente al estudio—, el colapso operativo de las FDI es una amenaza real.
El debate trasciende lo militar. Se trata de un choque de visiones sobre la identidad misma del Estado: ¿una sociedad donde todos comparten las cargas o una donde ciertos grupos históricos conservan privilegios a cambio de apoyo político? Netanyahu, con su larga trayectoria de alianzas con los partidos haredíes, ha elegido hasta ahora la segunda opción, convencido de que la alternativa —un Gobierno de unidad con la oposición— implicaría perder el control del Ejecutivo.