El diputado nacional Carlos Cisneros reconoció que respaldó a los vendedores de diarios en el conflicto gremial que derivó en la quema de una edición completa de La Gaceta. La afirmación la realizó en una entrevista concedida al portal Tendencia de Noticias, en la que reconstruyó su participación en aquel episodio y aseguró que siempre estuvo “del lado de los trabajadores”.
Según relató, el conflicto se originó cuando la administración del diario resolvió reducir el precio de tapa de la publicación, decisión que generó una disputa con los canillitas. “La Gaceta entra en conflicto con los canillitas porque el nuevo administrador en ese momento resuelve que el precio de tapa se bajaba y entran en un conflicto gremial con los canillitas, y yo voy a estar siempre al lado de los laburantes”, afirmó.
Cisneros sostuvo que su acompañamiento a los vendedores de diarios no fue un hecho aislado y mencionó la participación de otro medio en el conflicto. “Yo estaba con los trabajadores. Pero no era el único que estaba metido, apoyando a los canillitas. Había también otro medio que había salido del riñón de La Gaceta, que competía, que pensaba que lo iba a destruir, que también fogoneaba”, dijo en alusión al diario El Siglo.
El Siglo fue un diario fundado por Eduardo García Hamilton tras su renuncia a la dirección de La Gaceta. El medio continuó publicándose con distintos propietarios hasta que cerró su redacción. Cabe aclarar que García Hamilton ya no dirigía el matutino provincial cuando se perpetró el ataque. El Siglo era en ese momento el segundo diario de la provincia.
En ese contexto, Cisneros recordó que tras la firma de un acuerdo entre las partes se realizó una reunión en la sede del sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas. “Creo que después que firman el acuerdo, que yo voy al asado, creo que lo pagó ese medio al asado. Estaba Oscar Gijena —en referencia al ex secretario general del gremio de Prensa—, éramos como 600 personas. El Siglo, sí, El Siglo, ahí en Canillitas”, señaló. Gijena integraba la redacción de El Siglo en ese momento como jefe de la sección Deportes.
El diputado también se refirió a las acusaciones que lo vincularon con los incidentes. “Yo lo que hice es apoyar a los trabajadores. A mí nunca me presentaron una denuncia, nada. Solamente hay un artículo que también dudo, de un diario nacional, donde dice que Falú, Ricardo Falú, que era mi amigo personal, me había señalado a mí como el responsable”, sostuvo.
El artículo del que duda Cisneros fue publicado por el diario La Nación en el año 2000 y citado este año por El Federalista y El Tucumano. En esa entrevista, el entonces jefe de los fiscales en Tucumán, Ricardo Falú, aseguró que el ataque contra La Gaceta “estaba esclarecido” y que había sido comandado por un ex policía cercano al sindicalista.
Carlos Cisneros, el diputado ahora representado por Fernando Burlando por supuesta censura, por fue acusado en el año 2000 por el entonces ministro fiscal de Tucumán Ricardo Falú, de haber ordenado la quema de una edición completa de La Gaceta. Lo recuerdo para los más jóvenes y…
— Germán Gehache (@desalienado) November 14, 2025
Si bien en una primera entrevista La Nación indicó que Falú no había mencionado el nombre del comisario retirado señalado como organizador del ataque, en un artículo publicado al día siguiente sí reveló su identidad. En esa publicación el diario lo mencionó como “Cucurucho” Sánchez, aunque el apodo correcto del ex integrante de la Policía de Tucumán era “Cuchulo”, uno de los integrantes más conocidos del Comando Atila (ver abajo).
El comisario principal retirado de la Policía de Tucumán Ricardo “Cuchulo” Sánchez, quien según La Nación tenía una fuerte amistad con Cisneros, fue detenido junto a tres vendedores de diarios: Juan Enrique Álvarez, Juan José Caro y Antonio Nacchio. Sin embargo, esta información no fue publicada por La Nación sino por Clarín. Es decir, los dos mayores diarios del país difundieron la información: el primero en dos artículos distintos y luego Clarín, también en dos oportunidades.
Según consignó Clarín, las detenciones se produjeron el miércoles 28 de junio de 2000, es decir, exactamente un mes después del ataque ocurrido en la madrugada del domingo 28 de mayo. La nota publicada en ese momento por el diario describía el atentado de la siguiente manera:
“El domingo 28 de mayo, un paro de canillitas —en protesta porque ‘La Gaceta’ les había bajado el porcentaje de ganancia sobre el precio de tapa— dejó sin diarios ni revistas a todo el Gran San Miguel de Tucumán. Durante la huelga, ocho centros de distribución del diario fueron atacados y decenas de miles de ejemplares de la edición de ese día fueron quemados en las calles”.
Juan Enrique Álvarez, más conocido como el “Conejo Ibiri”, es un conocido dirigente gremial de los canillitas. Su detención se produjo apenas unos días después de haber asumido como secretario general del gremio. Es importante distinguir entre el tipo de sindicalismo que representa Álvarez y el que encarna Cisneros. Los ingresos de los vendedores de diarios y revistas son muy bajos y la mayoría de sus afiliados vive con lo justo, a diferencia de los bancarios que representa Cisneros.
Por ello, durante la quema de los ejemplares de La Gaceta, muchos tucumanos hablaron de una utilización de las necesidades de los sectores más vulnerables para medir fuerzas contra el diario, que por entonces mantenía una posición crítica frente al sindicalista.
En la entrevista difundida este domingo, Cisneros afirmó que los vendedores de diarios lo consideraban un interlocutor dentro del conflicto. “Era tanta la confianza que tenían los canillitas conmigo que cuando se firma el acuerdo de mantener el statu quo, la paz social con los trabajadores y todo demás, los canillitas delegan la responsabilidad en mí, en el administrador del diario en ese momento, en el doctor Falú y en el exgobernador Julio Miranda”, señaló.
Sin embargo, en su entrevista con La Nación en el año 2000 Falú sostuvo: “A lo mejor alguno de los agresores pensó que desde el gobierno lo iban a felicitar, pero se pasaron de la raya”, en aparente referencia al actual diputado Cisneros.
Durante la entrevista, el actual diputado también describió el clima de tensión que se vivía en ese momento. Según explicó, el conflicto enfrentaba a los vendedores de diarios con la administración del matutino por la discusión sobre el precio de tapa. “Había un grupito de vagos que querían todo el día: ‘Che, bajale el precio de tapa, así nosotros recibamos más’. Entonces el administrador se veía entre dos fuegos”.
El “grupito de vagos” al que se refiere Cisneros de manera despectiva serían, según su relato, los accionistas de La Gaceta. De acuerdo con esa explicación, ellos impulsaban el recorte de las ganancias de los canillitas para aumentar los dividendos de la empresa. Desde hace algunos años, Cisneros es además uno de los principales aportantes publicitarios del diario.
“Yo no estaba para pararlo, para ponerle freno, porque yo sí tenía cierta ascendencia como para tranquilizarlos. Pero bueno, ese día ascendió Belgrano, Belgrano de básquet en la Liga Nacional, y yo estaba festejando”, señaló y concluyó: “De defender a los canillitas no me arrepiento para nada”.
Pero la defensa de Cisneros por los trabajadores es, según distintas publicaciones periodísticas, motivo de cuestionamientos. Según informó El Federalista esta semana, Enterate —medio del que Cisneros admitió ser propietario— despidió a más de 20 trabajadores entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Hasta la semana pasada se adeudaban algunos salarios correspondientes al mes de diciembre, según indicaron ex empleados que prefirieron no identificarse.
En el año 2000 el país atravesaba una grave crisis económica durante el gobierno de Fernando de la Rúa. En ese contexto, La Gaceta mantenía una posición crítica frente a la gestión del gobernador Julio Miranda, quien enfrentaba dificultades financieras debido a la escasez de fondos provenientes de la Nación. Esa situación derivó en una fuerte crisis social, con casos de desnutrición infantil que fueron difundidos en medios nacionales.
La causa por narcotráfico
Según relató La Nación, el mayor diario tucumano cuestionaba por entonces por inconstitucional la designación del dirigente radical Miguel Mibelli como tercer senador por la provincia, pese a que el cargo correspondía a Fuerza Republicana tras la muerte de Carlos Almirón.
A su vez, Mibelli asesoró como abogado a Cisneros en una causa iniciada por el juez federal Ricardo Maturana, en la que se investigaba el tráfico de drogas. El entonces vicepresidente de la Caja Popular de Ahorros provincial logró que la Cámara Federal de Apelaciones apercibiera a Maturana por intervenir llamadas telefónicas y que se lo apartara del caso.
El Comando Atila
El llamado Comando Atila, integrado por comisarios de la Policía de Tucumán, comenzó a adquirir notoriedad pública poco antes del final de la dictadura, en 1983, durante la gobernación de Antonio Merlo. El grupo surgió inicialmente como un movimiento que buscaba representar los reclamos internos de integrantes de la fuerza.
Según describe La Gaceta en una nota publicada en 2020 por el periodista Gustavo Rodríguez, durante más de una década sus integrantes fueron acusados de intentar influir en la vida política de la provincia y de actuar al margen de la ley. La historia del grupo incluye episodios que tuvieron fuerte impacto en la vida institucional tucumana.
El origen del grupo se remonta a los años previos al retorno de la democracia. Un conjunto de al menos 20 policías decidió organizarse para denunciar situaciones que consideraban irregulares dentro de la fuerza. Se presentaron públicamente como Movimiento Policial Tucumán (Mopol) y funcionaron como una organización interna que protagonizó varios autoacuartelamientos.
Su primera aparición pública ocurrió en 1983. El domingo 3 de julio de ese año, desafiando las restricciones vigentes durante la dictadura, decidieron autoacuartelarse y marchar hacia la plaza Independencia. Antes de llegar a las escalinatas de la Casa de Gobierno se produjo un episodio que marcó la crisis política del momento: el entonces gobernador Antonio Merlo desenfundó su arma y los amenazó. Los policías lo enfrentaron y, gracias a la intervención de los custodios, no se produjo un enfrentamiento armado. Merlo fue posteriormente desplazado de su cargo.
En 1984, ya en democracia y con Fernando Riera al frente del Poder Ejecutivo provincial, Mopol volvió a protagonizar una protesta dentro de la fuerza en rechazo a cambios que se estaban implementando en la Policía.
Con el tiempo, algunos integrantes de ese movimiento fueron asociados con el grupo conocido como Comando Atila. Uno de los nombres más conocidos fue el del policía Enrique “Malevo” Ferreyra, figura controvertida que fue acusada en distintas causas judiciales.
Uno de los crímenes más resonantes atribuidos al grupo fue el asesinato del oficial Juan Andrés Salinas. Por ese caso fueron condenados varios integrantes del grupo, entre ellos el ex comisario Ricardo “Cuchulo” Sánchez, quien años después fue señalado como el jefe del operativo que organizó el ataque contra la edición de La Gaceta, el muy cercano amigo de Cisneros que según Falú actuó bajo órdenes del sindicalista.
Junto a Gumersindo Parajón y al dirigente peronista José Vitar, uno de los dirigentes que cuestionó públicamente al Comando Atila fue el histórico referente radical Juan “Chino” Robles.
Mientras se redactaba esta nota, una nueva demanda fue iniciada contra El Federalista por publicaciones vinculadas a uno de los empleados de Cisneros mencionado en la causa Vélez, en la que se investigan presuntos delitos de asociación ilícita y trata de personas. El abogado patrocinante de la demanda es Juan Andrés Robles, hijo de Juan “Chino” Robles. Es decir, Juan Andrés decidió defender a quienes usan los métodos que su padre siempre condenó.