El 21 de junio de 2023, hace casi tres años, personal del Juzgado de Paz de Yerba Buena realizó una inspección en el domicilio de Felipe “El Militar” Sosa, ubicado en calle Frías Silva al 1336, en el marco de una causa de separación matrimonial. El ahora acusado del crimen de Erika había pedido la guarda de sus hijos y esto representaba un trámite normal para analizar si la vivienda estaba en condiciones para que vivieran allí los niños.
Pero, durante esa inspección, hallaron en la vivienda lo que la Justicia federal después denominó un cultivo de marihuana con infraestructura profesional. Es decir: pese a que el ahora imputado sabía que se realizaría la inspección de rutina, no se tomó el trabajo de acondicionar su domicilio para demostrar ante la Justicia de Familia que la vivienda era adecuada. En realidad, no le importaba. Era consciente de que, en el largo plazo, él “zafaría” una y otra vez cuando se tratara de la Justicia de Tucumán.
Y así fue.
Pese a que estuvo un mes detenido en una comisaría de Yerba Buena, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dictó un fallo de sobreseimiento para El Militar. En esa resolución de 22 páginas, el magistrado consideró que no existían “constancias tendientes a demostrar finalidad lucrativa alguna” y que los elementos secuestrados “por sí solos no resultan suficientes para sostener la imputación”. En julio de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones había rechazado un pedido de los imputados para recuperar los elementos incautados mientras durara la investigación, señalando que la causa seguía en trámite y no se podía asegurar el uso ilícito de lo secuestrado.
Sin embargo, el sobreseimiento ordenó la devolución de gran parte de los elementos incautados a El Militar y sus socios. El acusado del crimen de Erika no sólo logró quedar impune del cultivo de drogas para la comercialización, sino que le devolvieron las sustancias para que pudiera continuar con el negocio. Eso decidió la Justicia Federal de Tucumán, a través de Díaz Vélez.
Pero no fue la única vez que El Militar fue beneficiado insólitamente por las instituciones encargadas de impartir justicia en la provincia. En octubre de 2025 sucedió algo similar, aunque con características más aberrantes: fue sobreseído por un juez porque el representante del Ministerio Público Fiscal evitó acusarlo pese a las determinantes pruebas en su contra.
En ese momento pesaba sobre el acusado del crimen de Erika una denuncia de su ex esposa y madre de sus hijas, Florencia, por violencia de género contra ella y una menor. Una causa que, según pudo verificar El Federalista, contaba con pruebas irrefutables contra El Militar.
Pero, pese al celo con el que la Justicia atiende las denuncias de género en Tucumán, el acusado terminó finalmente sobreseído y la ex mujer tuvo que retirar la demanda ante la aberrante decisión del Ministerio Público Fiscal de desistir de la acusación.
En esa causa estuvo detenido y cumplió parte de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. El juez Alejandro Tomás rechazó inicialmente un pedido de sobreseimiento. Sin embargo, el fiscal regional Fernando Blanno avaló el insólito planteo absolutorio. Es decir, el fiscal, por pedido del Ministerio Público Fiscal, solicitó la absolución del acusado.
Sin el pedido del fiscal, fundamental para avanzar en la investigación, al juez Alejandro Valero no le quedó más que dictar el sobreseimiento. Pero Valero dejó constancia de que lo hacía en cumplimiento de lo establecido por el Código Procesal, pese a que —a su criterio— el caso debería haberse dirimido en un debate oral por su gravedad y el peso de las pruebas contra El Militar.
Y así, una vez más, las violentas e inadmisibles conductas del acusado quedaban impunes gracias a algunos integrantes (es muy importante la aclaración) de quienes forman parte de las instituciones encargadas de impartir justicia en la provincia.
Por último, sobre la espalda de El Militar pesa otra denuncia iniciada por su excuñado —un destacado ginecólogo especializado en fertilidad— por amenazas de muerte. El fiscal Mariano Fernández, quien inicialmente tuvo a su cargo la causa, dictó una medida de protección a favor del denunciante. Posteriormente, el expediente pasó a manos del fiscal Ernesto Salas López. Hasta el momento, esa causa no fue resuelta.
Es decir, si las amenazas sucedieron verdaderamente, el acusado del crimen de Erika se mantiene impune, protegido en este caso por las convenientes demoras de la Justicia de Tucumán.
En síntesis, El Militar tuvo dos detenciones en un corto período, pero siempre pudo quedar impune: una por la producción de drogas para su comercialización y otra por violencia de género. La primera vez en la Comisaría de Yerba Buena y la segunda en su domicilio. Pese a ello, siempre fue beneficiado por la Justicia.
Fue en ese momento, justo después del indignante sobreseimiento, cuando su ex esposa explotó y realizó el alegato que anticipaba cómo la Justicia, con sus decisiones, propiciaba la conducta criminal que derivó en el crimen de Erika Antonella Álvarez:
“El señor consume sustancias, tiene armas de fuego… yo no sé qué es lo que están esperando que pase para que tome medidas la Justicia”.
Así Florencia anticipaba el asesinato de Erika por culpa de la Justicia.
El perfecto cómplice
Pero gran parte de estos hechos fueron previos a la relación de Sosa con Justina Gordillo. Es decir, culpar a la empleada administrativa de la Corte Suprema por estos hechos sería una conveniente simplificación. Ella probablemente lo ayudó, pero no puede responsabilizársela por esta cadena de graves irregularidades, algunas ocurridas antes de su relación con El Militar.
El desplazamiento del foco y las versiones instaladas
Tras el crimen, el eje público comenzó a desplazarse hacia Justina Gordillo. Parte de la cobertura mediática nacional, amplificada por declaraciones del abogado de la querella, instaló una serie de acusaciones basadas en testimonios familiares y reconstrucciones que rápidamente circularon en televisión y redes sociales.
Entre esas versiones apareció la hipótesis de un supuesto “trío sexual”, relatos sobre vínculos personales y acusaciones que adquirieron gran visibilidad pública pero que nunca lograron transformarse en pruebas judiciales dentro del expediente.
Con el correr de la investigación, esas afirmaciones quedaron en el terreno de las versiones y los comentarios mediáticos, sin respaldo probatorio para sostener imputaciones.
Mientras tanto, Gordillo fue objeto de ataques y amenazas tras quedar expuesta públicamente, aun cuando la propia causa avanzaba hacia una conclusión distinta: la inexistencia de pruebas para acusarla penalmente.
Durante su declaración judicial sostuvo:
“No sabía hacia qué fiestas iba a esa casa, fui estúpida”.
También confirmó ante los investigadores que El Militar vendía drogas sintéticas, particularmente éxtasis, aportando datos coincidentes con otras líneas investigativas. Finalmente, la Justicia determinó que quedaría en libertad por falta de pruebas en su contra.
Lo que sí quedó demostrado
Mientras las versiones sin sustento ocupaban titulares, la cronología judicial mostró un patrón constante: Felipe “El Militar” Sosa recibió decisiones favorables provenientes de distintos ámbitos del sistema judicial.
Hubo sobreseimientos en la Justicia Federal, intervenciones del Ministerio Público Fiscal que evitaron acusaciones, causas provinciales cerradas sin debate oral e investigaciones que permanecieron abiertas sin resolución definitiva.
El resultado práctico fue uno solo: el acusado pudo actuar durante años sin enfrentar consecuencias penales efectivas.
Así, mientras la atención pública se concentraba en un presunto chivo expiatorio, el elemento estructural permanecía intacto: un acusado que contó con respaldo —explícito o implícito— desde distintos sectores de la Justicia provincial y federal que le permitió moverse en Tucumán bajo un escenario de absoluta impunidad.
Los protagonistas del caso
Felipe “El Militar” Sosa: acusado del femicidio de Erika Antonella Álvarez, con antecedentes judiciales reiterados y múltiples sobreseimientos.
Erika Antonella Álvarez: víctima del crimen que expuso el recorrido judicial previo del acusado.
Justina Gordillo: empleada administrativa vinculada a la Corte Suprema provincial, señalada mediáticamente pero liberada por falta de pruebas.
Florencia: ex esposa de Sosa, denunciante por violencia de género que advirtió previamente: “No sé qué es lo que están esperando que pase”.
Julie (“Yuli”): abogada mencionada en la causa, con vínculos familiares dentro del Ministerio Público Fiscal.
Fernando Etienot: esposo de la ex legisladora Nadima Pecci, mencionado durante la investigación.
José Manuel Díaz Vélez: juez federal que dictó el sobreseimiento en la causa por cultivo de marihuana.
Alejandro Tomás: juez que rechazó inicialmente el sobreseimiento en la causa por violencia.
Fernando Blanno: fiscal regional que avaló el planteo absolutorio.
Alejandro Valero: juez que dictó el sobreseimiento dejando constancia de su desacuerdo procesal.
Mariano Fernández y Ernesto Salas López: fiscales intervinientes en la causa por amenazas aún sin resolución.